A propósito de celebrarse este 9 de agosto un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas venezolanas y sus aliados deseamos insistir en las deudas del gobierno venezolano para materializar los derechos de los pueblos originarios consagrados en nuestra Carta Magna. La demarcación y entrega de nuestros territorios no ha avanzado más del 15% de la totalidad de tierras indígenas, a pesar qua la Constitución establecía un plazo de dos años para que fuera realizada en su totalidad. Sin embargo, a la paralización del proceso de demarcación se agrega una nueva amenaza a la cultura y forma de vidas de las comunidades: la promoción de proyectos de minería sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, ignorando las garantías presentes en su Capítulo VIII.El pasado 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el Decreto número 2.248 mediante el cual se crea la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. De esta manera el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación de minerales una extensión de 111.843 km2, correspondiente al 12,2% del territorio nacional.
La decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120 CRBV y artículo 7 Convenio 169 de la OIT). Dentro del territorio decretado como AMO, en el estado Bolívar, habitan los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemon, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera. Por ello, no puede continuar promoviéndose este proyecto sin cumplir los requisitos constitucionales, especialmente la realización de procesos de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacional de derechos humanos, con las comunidades y pueblos cuyo modo de vida será afectado por la actividad minera.
No obstante, no todo son malas noticias para los derechos de los pueblos originarios. Las organizaciones queremos saludar la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco del 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el pasado 15 de junio de 2016, después de 17 años de negociaciones. Esperamos que las obligaciones emanadas de esta declaración presionen al Estado al cumplimiento de sus obligaciones con la población indígena venezolana.
Promotores:
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
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