Por: Yasmin Chauran
Cuando hace 8 años me hablaban de la “necesidad” de colocarse un pañuelo en la nariz para ir a votar por “el candidato
postulado por Chávez”, lo primero que me venía a la mente, hurgando en mi memoria, era aquella conseja universitaria en momentos de protesta de la IV República: tener siempre en el bolso un pañuelo o pañito empapado en vinagre para mitigar el efecto de los gases lacrimógenos, en aquellos duros enfrentamientos con la policía (bueno, la policía era vía que usaba el estado burgués para reprimir nuestro grito de libertad y justicia).
¿Lo mojarán de alcohol, para no percibir la podredumbre de una gestión que asesina los sueños del pueblo humilde, que se burla de nuestras necesidades y sólo nos busca en tiempos de elección como vulgares votos? ¿Lo empaparán de vinagre para espantar las moscas a su alrededor o para mitigar el efecto del humo de los cauchos quemados por los trabajadores y trabajadoras de las decenas de empresas que hoy están en quiebra por una nefasta acción gerencial regional en connivencia con el capital transnacional? ¿O lo llenarán de amoniaco para espantar los temores de los cargos de conciencia por apoyar la reelección del verdugo de nuestro pueblo sólo por no tener la voluntad de enfrentarlo?
Los fluidos pueden ser varios y las razones diversas, pero lo que nos queda claro es que Chávez es sólo utilizado como excusa para no asumir con gallardía una posición digna ante la historia. Estos “camaradas” se contentan con decir que son leales, ¿a qué o a quién? Seguramente a su comodidad, para no tener que enfrentar la persecución o el chantaje de la gestión regional actual. Quizá son leales a cuidar trabajo, su cargo, sus prebendas o hasta sus privilegios si los tienen. O leales a su proyecto personal para seguir “surgiendo” en la carrera “política” para ocupar responsabilidades más elevadas en este gobierno regional antipopular y contrarrevolucionario.
Que se pongan una y mil veces el pañuelo en la nariz para votar, para dar la espalda al pueblo, para tratar de olvidar la historia, para estar cómodos y acomodados, eso lo puedo entender, sin compartirlo, pero lo que no acepto es que desde su sillón de la ignominia nos juzguen y nos condenen a quienes dejamos el pañuelo atrás, en la IV República, y entendimos que en tiempos de revolución vacilar es traicionar la lucha.
Yo voto y llamo a votar sin pañuelos, al lado de nuestro pueblo. Chávez es uno más del pueblo, y él con su sabiduría nos comprenderá cuando en Bolívar rindamos tributo al GLORIA AL BRAVO PUEBLO, ese que todo el mundo canta, pero que debemos sentir con el corazón y la conciencia. ¡Fuera la derecha del estado Bolívar: Fuera Francisco Rangel Gómez y Andrés Velásquez. Viva la democracia participativa y protagónica, sin pañuelos al votar!
La autora es: Militante del PSUV / SURCO-GPP
El Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta profundamente la decisión del Primer Mandatario Nacional de postular a Ramón Rodríguez Chacín como candidato por el Gran Polo Patriótico (GPP) a la gobernación del estado Guárico, decisión que contradice la voluntad gubernamental de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Como consta en el expediente del caso y es ratificado por los testimonios de los sobrevivientes, Ramón Rodríguez Chacín es uno de los autores intelectuales de la llamada “Masacre de El Amparo”, ocurrida el 29 de octubre de 1988.
Desde agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio
Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.
Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”. El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.
Provea considera, cuando se cumplirán este lunes 29 de octubre 24 años de la Masacre de El Amparo, un aval a la impunidad la postulación de una persona responsable de uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos durante la década de los 80´s. Asimismo lamentamos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) legitimara esta decisión al permitirle a Chacín cambiar de centro de votación fuera del lapso para hacer cambios en el Registro Electoral (RE).
Diferentes elementos sugieren que la actitud gubernamental, en el caso de la Masacre de El Amparo, es garantizar la injusticia. Desde agosto del año 2009 familiares y sobrevivientes, con el apoyo de Provea, han solicitado una reunión con la ciudadana Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. La respuesta, hasta el día de hoy, ha sido el silencio. Los peticionarios han solicitado que la reunión debe realizarse en la propia población de El Amparo, debido a que una parte de los familiares de las personas asesinadas son de nacionalidad colombiana y no pudiesen participar en la misma si es convocada en Caracas. Por otra parte hasta la fecha no se conocen actuaciones del Ministerio Público orientadas a proceder en el caso de la masacre de El Amparo. Similar omisión es imputable a la Defensoría del Pueblo.
En enero de 2010 en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado venezolano asumió el compromiso de abrir las investigaciones en la justicia ordinaria. La Corte indicó que los funcionarios venezolanos deberían elaborar un cronograma detallado que indicara medidas concretas y lapsos para adelantar la investigación. Dos años después tal cronograma no se ha elaborado. Más allá de este compromiso, la Fiscalía está obligada a actuar por mandato de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. La ley indica que se debe identificar y sancionar a los autores intelectuales o materiales, venezolanos o venezolanas, extranjeros o extranjeras, que cometieron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como expresión de prácticas de terrorismo de Estado.
Provea exige a los poderes públicos:
1) La anulación de la candidatura, de manera extraordinaria, de Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico.
2) La realización de la reunión en la población de El Amparo, solicitada por sobrevivientes y familiares, de representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para realizar un cronograma de trabajo que garantice el derecho a la justicia en el caso.
3) El cumplimiento de la sentencia que exige al Estado venezolano investigar y sancionar todos los responsables de la Masacre de El Amparo.
4) Modificar la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras violaciones de los Derechos Humanos en el Período 1958-1998 para incluir un artículo que prohíba la postulación a cargos de elección popular de personas denunciadas como participantes en violaciones a los derechos humanos durante este período.