Estados corporativos y pranización de la política. Políticas de contrainsurgencia y lucha territorial indígena en Venezuela. Primera entrega.

Por: José Ángel Quintero Weir

Caminemos solos

A veces pienso que los indígenas esperamos a un hombre que todo lo pueda, que todo lo sepa, que ayude a resolver todos nuestros problemas. Pero ese hombre, que todo lo puede y que todo lo sabe, nunca llegará: porque vive en nosotros, se encuentra en nosotros, camina con nosotros, empieza a despertar, empieza a caminar.

Natalio Hernández, Poeta Nahua

“Para l@s de arriba, el calendario está hecho de pasado, para mantenerlo ahí, el Poder lo llena de estatuas, festejos, museos, homenajes, desfiles. Todo con el objetivo de exorcizar ese pasado, es decir, de mantenerlo en el espacio de lo que ya fue y no será. Para l@s de abajo, el calendario es algo por venir. No es un montón de hojas desprendidas por el hastío y la desesperanza. Es algo para lo que hay que prepararse. En el calendario de arriba se celebra, en el de abajo se construye. En el calendario de arriba se festeja, en el de abajo se lucha. En el calendario de arriba se manipula la historia, en el de abajo se hace (…) Así será, hasta que otro calendario se escriba donde debe de escribirse, es decir, abajo”.

Esto, en alguna oportunidad, dijo al Sub-Marcos Don Durito de La Lacandona.

I.    A manera de Introducción.

aüri wakuwaipa weiran mmokarü
(Desde nuestra forma de ver el mundo)

Es posible decir que, dentro de la filosofía del pueblo añú, existen dos principios que definen su forma de ver y relacionarse con el mundo. Tales principios expresan la perspectiva desde la cual, milenariamente, configuraron su territorialidad al tiempo que territorializaron las aguas del Lago de Maracaibo, las riberas de sus ríos aledaños y la Laguna de Sinamaica donde, hasta el presente, resisten y re-existen como pueblo. Se trata pues, de dos de los fundamentos de su cosmovisión que, cotidianamente, los añú ejercen y manifiestan en una cosmovivencia que le es correspondiente. Estos principios son:
a.- Todo lo que está presente en el mundo es porque ha realizado la acción de emerger a nuestra presencia. El emerger implica, por tanto, que aquello que se hace presente en el mundo se muestra vivo. Dicho de otra manera, para los añú: todo vive.
b.- La vida de todo lo presente en el mundo se expresa mediante un su hacer particular y es con este hacer con el que nos relacionamos; por tanto, plantas, animales, ríos, selvas, personas y todos los seres visibles e invisibles tienen un hacer que les es propio; todo vive en y por su hacer y este, su hacer, siempre será complementario al hacer de los otros; es por ello que sólo a partir de nuestra relación con esos haceres, podemos conocer y decir que conocemos aquello que emerge vivo frente a nosotros, podemos decir que conocemos y re-conocemos el mundo.
En ese sentido, todo acontecimiento que frente a nosotros ocurre es el resultado de un emerger que lo ha puesto de manifiesto mediante un su hacer que se ha incubado en un fondo no visible y que, igualmente, forma parte de la historia del acontecimiento mismo. Así, para comprender la historia en su acontecer es necesario un diálogo con el hacer de todo lo que emerge como manifestación de su presencia frente a nosotros. Esto quiere decir que los hechos poseen su propia palabra y es con ella con la que nos hablan; de esta forma, sólo comprendemos la historia en su hacer cuando somos capaces de entender la palabra de los hechos, es decir, dialogar con el hacer emergido. Por esta vía, la historia no es en modo alguno la de los personajes que participan de los hechos (la de los héroes que tanto gusta de destacar el pensamiento occidental), sino el hacer del acontecimiento con respecto a los pueblos. Por el contrario, para los añú (pensamos que para la mayoría de los pueblos indígenas del continente), los héroes como centros de la historia no existen, esto es, la historia poco tiene que ver con la persona o la palabra de los “protagonistas” sino con la palabra propia del hacer de los hechos en su acontecer, pues, sólo la palabra del hacer de los hechos hace visible ante nosotros el fondo no evidente que los ha incubado.
Será entonces desde esta perspectiva que trataremos de exponer (y exponernos) lo que para nosotros está diciendo el hacer de la realidad política por boca de los Estados-gobiernos a todos los pueblos indígenas de Venezuela y América Latina, especialmente, en cuanto a sus luchas territoriales y por la defensa de sus territorialidades. En este sentido, en una primera parte analizaremos lo que dicen las palabras del hacer de los más recientes acontecimientos en los que esta lucha ha emergido con mayor fuerza y contundencia. En una segunda parte intentaremos demostrar lo que se encuentra en el fondo y que explica el hacer verdadero de los hechos emergidos para, finalmente, tratar de precisar lo que comienza a fecundarse en el fondo y que, estamos convencidos, desde hace un buen rato aquí y allá a lo largo del continente, viene pugnando por emerger de manera definitiva como palabra y acción de los pueblos.

II.- aeintikarü apüreeruwa  we. Ani aye eiñawa.(Lo que frente a nosotros está. He aquí los hechos)

Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar en la ciudad de México al hermano Oscar Olivera, uno de los principales líderes de la llamada Guerra del Agua y reconocido vocero de las luchas sociales de Bolivia. En su exposición, Olivera narró con precisión todo lo acontecido durante la marcha de las comunidades del TIPNIS hacia La Paz: la cruenta represión de la que fueron víctimas por parte de la gendarmería oficial a la que se sumaron grupos de choque financiados y atizados por el gobierno; pero también, describió no sin alegría el multitudinario y popular recibimiento de los marchantes en la capital lo que, sin lugar a dudas, obligó al Presidente Evo Morales dar marcha atrás en su propósito y decretar una Ley que aseguraba la protección y defensa del TIPNIS. Todos celebraron.
Sin embargo, muy poco duró la celebración de la que fue una verdadera victoria popular, pues, atizado por los cocaleros del MAS (su base de apoyo político), guiado por la “razonable” palabra de su vicepresidente; pero sobre todo, presionado por la corporación brasilera impulsora del proyecto, el presidente “entró en razón” y, mediante un nuevo Decreto-Ley echó por tierra al primero y, ahora sí, haciendo uso de todos los recursos del poder del Estado gobierno (compra de conciencias mediante obsequios en dinero o especies, división de las comunidades, acciones violentas ejecutadas por sus grupos de choque, etc.), Evo Morales “derrota” a los alzados indios del TIPNIS en una “consulta” totalmente controlada por el gobierno. En este punto, necesario es decirlo, al hermano Olivera se le quebró la voz y unas incontenibles lágrimas nos hablaron de su dolor y de su
rabia.
A buena parte del público asistente les sonó increíble el relato de Olivera, pues, a su paramétrica mentalidad de “izquierda razonable” resultaba inconcebible que Evo Morales, primer “indígena” presidente de un Estado latinoamericano pudiera valerse (igual que el PRI) del acarreo, la compra de conciencias para dividir a las comunidades y, mucho menos, al uso de fuerzas de choque prestas a violentar y contener la lucha de las comunidades. Tal incredulidad, ciertamente, resulta del todo comprensible dado que tales acciones, se supone, no corresponden al deber ser de un gobierno de “izquierda” y, mucho menos, a un gobierno “indígena”. Sin embargo, las acciones del
Presidente Morales deben ser comprendidas como la continuidad de la originaria forma de acción política de los Estados poseídos frente a la insurgencia de los desposeídos; es decir, lo que el Presidente “indígena” hizo no fue otra cosa que aplicar parte de un muy antiguo manual de contrainsurgencia del que, si a ver vamos, ningún Estado-gobierno en América Latina es ajeno y, por el contrario, es
posible observar su aplicación con la misma regularidad y contundencia tanto en los países cuyos gobiernos son designados o declaradamente de “derecha” como en los países donde los gobiernos se estiman “progresistas”, “de izquierda” y, aún, “revolucionarios”.
Así por ejemplo, el Presidente Rafael Correa de Ecuador, ha logrado diseñar y ejecutar sistemáticamente toda una política de contrainsurgencia dirigida contra los pueblos indígenas y sus principales organizaciones: la CONAIE y la ECUARUNARI. Esto ha sido posible no sólo por los errores políticos cometidos por la dirigencia de algunas de estas organizaciones, sino sobre todo, mediante la ejecución de acciones que van desde la división provocada a través de la incorporación de elementos de las organizaciones indígenas a la órbita del gobierno al tiempo que persigue, criminaliza y encarcela a los líderes rebeldes de las mismas organizaciones indígenas, sindicales y campesinas, pues, está decidido a acabar con ellas; de hecho, es posible decir que a diferencia de los anteriores gobiernos de derecha que pretendieron contener a los pueblos indígenas y sus
organizaciones, para beneplácito de las corporaciones y del mercado mundial, en el campo de la contrainsurgencia el gobierno de Correa ha
alcanzado un éxito notable en el Ecuador.
Lo anterior pudiera ser una afirmación igualmente aplicable al caso del Brasil de Lula Da Silva y de su continuidad: Dilma Rouseff. Allí, a las acciones etnocidas ejecutadas de manera directa por el Estado-gobierno hay que sumar su silencio ante las acciones genocidas ejercidas por otros para liquidar de manera definitiva a los pueblos indígenas. Así, no es sólo el Estado-gobierno quien de manera directa les hace la guerra sino que, éste sabe guardar silencio cuando los otros: hacendados y corporaciones transnacionales “fastidiados” de la incómoda presencia y re-existencia de indios en zonas explotables, han sido capaces de declarar públicamente su guerra contra las comunidades
y, tanto Lula (antes) como la Ruseff (hoy por hoy) como representantes del Estado-gobierno, lapidariamente han sabido guardar silencio y, por lo mismo, nada hacen por detenerlos. Fue por ello que los hermanos Guarani-Kaiowás acordaron pedir al Tribunal del Estado Federal que decidió expulsarlos de su territorio en beneficio de una Corporación, que junto al Tribunal de Desalojo enviara a los pelotones militares de fusilamiento, pues, estaban decididos a morir y ser enterrados en sus tierras, tal como ellos han enterrado milenariamente a sus antepasados en ese: su territorio.
Por nuestra parte, en Venezuela, podemos decir que desde 1999, año en que emerge en Venezuela el gobierno del Teniente Coronel Hugo Chávez, proceso al que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, hemos sufrido las mismas violaciones a los derechos de los pueblos y los mismos silencios ante los mismos crímenes. En su aplicación del manual de contrainsurgencia, ha sabido combinar el uso de los llamados programas sociales (Misiones) que han casi liquidado al movimiento social insurgente (indígena, campesino, obrero, pobladores de barriadas urbanas, etc.), pues, la mayoría de ellos han sido cooptados a las estructuras burocráticas controladas por el Estado-Gobierno, con la persecución, criminalización y represión selectiva de los rebeldes insurgentes de esos mismos sectores y movimientos.
Así, desde el inicial sometimiento de los indios pemones que en la Gran Sabana se enfrentaron a la construcción del tendido eléctrico del estado Bolívar (Venezuela) hasta Boa Vista en Brasil, para lo que el gobierno de la naciente “revolución” utilizó desde la persuasiva acción de la “justicia” aplicada por el Tribunal Supremo, la división provocada de las comunidades en lucha mediante el aporte de recursos económicos a los no deliberantes, hasta el uso de la represión militar en contra de las comunidades rebeldes que se atrevían a cortar, segueta en mano, las grandes estructuras de hierro del tendido eléctrico, lo que produjo un saldo de líderes indígenas presos, un par de muertos y la definitiva derrota de las comunidades pemonas alzadas y la definitiva inauguración del tendido eléctrico por el Presidente Chávez en acto solemne para el que se supo acompañar, nada menos que del presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso y del padre de la única revolución “victoriosa” de América Latina: Fidel Castro.
Sin embargo, a este ejemplo debemos necesariamente sumar el asesinato (vía sicariato) de dirigentes sindicales y campesinos como los del líder obrero Argenis Vásquez, Secretario General del Sindicato Obrero de la Mitsubishi en el oriente del país, quien fuera asesinado por “desconocidos” sicarios en el contexto de la discusión del contrato colectivo de trabajo y las exigencias de la empresa al Estado-gobierno de condiciones favorables para poder seguir operando en el país. Demás está decir que el asesinato de Argenis sigue siendo un “misterio” policial, tal como el de unos 140 líderes obreros y campesinos por los que, hasta ahora, no se ha señalado a ningún sospechoso y, mucho menos, se ha producido algún arresto puesto que jamás el gobierno de la “revolución” ha sentido la necesidad de pronunciarse siquiera.
Finalmente, hemos venido siendo testigos de la persecución del líder indígena Yukpa Sabino Romero a quien, dicho sea de paso, le han venido sistemáticamente asesinando a su familia y su gente (hasta ahora le han asesinado a su padre, uno de sus yernos, dos de sus sobrinos y a por lo menos tres de sus compañeros de lucha), pues, para nadie es un secreto que Sabino se ha convertido en la piedra en el zapato tanto para los hacendados de Machiques de Perijá, como para el Estado-gobierno en su política de minimizar y silenciar la lucha territorial de todos los pueblos indígenas del país toda vez que, de acuerdo al mandato constitucional de 1999 el Estado estaba obligado a demarcar los territorios indígenas en un lapso no mayor a dos años luego de aprobada la Constitución. A más de una década de esta resolución constitucional, las tierras demarcadas no llegan al 10% del total estimado y, aún, las ya demarcadas y entregadas han sido objetadas judicialmente por algunas comunidades.
Ante esta flagrante violación constitucional por parte del Estado, de toda la dirigencia indígena ha sido Sabino y su comunidad yukpa de Chaktapa el único que ha insistido en establecer, de hecho, la demarcación territorial para su pueblo; es por ello que, tanto los hacendados (como enemigos directos) pero también el Estado-gobierno, han intentado por diferentes vías contener su rebeldía.
Así, luego del asesinato de su anciano padre (José Romero) por el que Sabino responsabiliza a un hacendado pero sobre el que, hasta donde sepamos, no pesa ninguna averiguación, se intentó liquidarlo físicamente a manos de sus propios hermanos yukpa mediante una provocación montada que terminó con varios heridos y un par de muertos del mismo pueblo. Posteriormente, le son asesinados familiares y compañeros de lucha por elementos “desconocidos” en lo que sin duda fueron verdaderas ejecuciones que la prensa local (especialmente el diario “La Verdad”) que citando fuentes gubernamentales estableció como “ajuste de cuentas por diferencias en el reparto de un ganado robado por la gente de Sabino”. En fin, a pesar de las calumnias, el sicariato y la violencia del Estado en su contra, Sabino no desmaya y recientemente se lazó junto a su comunidad a la recuperación de sus tierras, esta vez, fue recibido a tiros por los hacendados pero también del Ejército bolivariano resultando algunos heridos, entre ellos, su propia hija, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, Sabino así lo ha denunciado, se ha convertido en un perseguido político en las montañas de Perijá.

Políticas de contrainsurgencia hoy en América Latina: Estados corporativos y pranización de la política.

a. De los Estados corporativos

Ahora bien, muy bien sabemos que tal como acertadamente señala Raúl Zibechi: “las clases dominantes no cuentan con un abanico ilimitado de opciones para derrotar a los rebeldes, a tal punto que una y otra vez acuden a los mismos lugares comunes: esa mezcla de negociación con concesiones y represión o genocidio, para ablandar y desorientar a sus enemigos de clase hasta asestar la estocada final. Desde el fondo de los tiempos,
los de arriba han acudido a formas diversas de esas dos tácticas complementarias, con resultados ventajosos para sus intereses” (Zibechi, 2010: 19).
De esta manera, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas que pudieran distinguir las acciones políticas de los Estados-gobierno de derecha o de izquierda o progresistas de América Latina, es posible observar desde México a Chile la aplicación de estas tácticas con incesante y pasmosa regularidad por parte de los gobiernos en sus relaciones con las comunidades.
Así, por ejemplo, en Chile el gobierno crea la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI) para, supuestamente, dar una respuesta adecuada y definitiva a la lucha territorial del pueblo Mapuche; sin embargo, la acción real de la Corporación está dirigida a producir división al interior de la lucha mapuche comenzando por imponer la obligación de constituir las llamadas “comunidades legales”, es decir, comunidades que aceptan someterse a la institucionalidad
que el Estado establece para que puedan ser acogidas sus demandas legales pueden ser conformadas hasta por un mínimo de diez (10) miembros y recibir tierras tituladas individualmente. Por otro lado, la Conadi puede hacer entrega de tierras fuera de los territorios tradicionales, lo que ha provocado obligados desplazamientos impidiendo con ello, además, la reconstrucción territorial pero, sobre todo, liberando espacios inmediatamente dispuestos para la explotación por parte de corporaciones. Así, por un lado el Estado convierte la tierra en moneda clientelar con la que doblega insurgencias y utiliza a los dominados (ha sucedido) como testigos en contra de las comunidades mapuches rebeldes que, en cambio, reciben todo el peso de la represión, la aplicación de la ley antiterrorista y el genocidio sobre sus mujeres, ancianos y niños.
En Colombia, a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, las operaciones militares y paramilitares en regiones como los territorios del pueblo Embera y las comunidades afrocolombianas del Chocó continúan provocando desplazamientos, hambre y muerte. Lo mismo puede decirse de la región del Cauca afectando a pueblos como los Nasa y los Awa; hasta las operaciones paramilitares y del Estado colombiano en la Guajira de los wayuu generando el desplazamiento de las comunidades indígenas al tiempo que libera espacios para la explotación de recursos y la construcción de las infraestructuras necesarias para tales explotaciones.
En México, el gobierno de Felipe Calderón está decidido a confiscar unas 200 mil hectáreas del territorio de los indígenas M’phaa en el estado de Guerrero precisamente, en la región de la CRAC y su rebelde Policía Autónoma Comunitaria. Tal confiscación se pretende hacer en nombre de la defensa de la biósfera y su militarización a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico. La misma militarización se ejecuta en Chiapas, donde, dicho sea de paso, el gobierno federal (en manos del PAN) une fuerzas con el gobierno estadal (en manos del PRD) para otorgar espacios a comunidades indígenas no zapatistas en tierras liberadas por los zapatistas luego del levantamiento de 1994 y ocupadas por sus propias comunidades. La intención es evidente, se pretende provocar una confrontación entre las comunidades indígenas para así justificar la intervención militar directa del Estado-gobierno mexicano en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
Finalmente, en la Venezuela de la “revolución” bolivariana el panorama no es diferente; por el contrario, parece idéntico en sus acciones y propósitos. Así, para contener el grito de las comunidades indígenas, sindicatos obreros, campesinos, mineros artesanales y poblaciones pobres urbanas el gobierno pasa, una y otra vez, de las llamadas “Misiones” usadas como verdaderos “caramelos de cianuro”, al uso del
garrote represivo de las fuerzas policiales y militares, acción siempre sustentada en el manido discurso de que cualquier protestacontra el Presidente Chávez puede abrir la puerta del retorno al poder
a la derecha fascista y pitiyanqui.
Algo así fue lo que funcionarios del gobierno y algunos de sus allegados dijeron a la comunidad barí de Boksi para contener su protesta, pues, éstos habían bloqueado el paso de la carretera Machiques-Colón exigiendo la libertad de uno de sus hermanos que fue hecho preso en un falso positivo antidrogas orquestado por algunos elementos de las Fuerzas Armadas: No protesten, les dijeron, no digan que no van a votar, pues, si Chávez pierde no habrá más misiones para ustedes y su hermano jamás saldrá de la cárcel, sólo esperen a que Chávez vuelva a ganar. En efecto, los barí abandonaron su protesta, Chávez volvió a ganar pero el hermano barí sigue preso, sólo que ahora fue condenado a 15 años de prisión mientras que los efectivos militares involucrados en el falso positivo están libremente impunes.
Por su parte, los yukpas que han venido demostrando su disposición a morir por sus tierras el gobierno les responde de primeras con represión, tal como en la última confrontación de la comunidad de Chaktapa pero; por otro lado, inmediatamente ofrece alguna peculiar concesión. En este sentido, Sabino denuncia que desde el Ministerio de Pueblos Indígenas le han ofrecido dinero y, más recientemente, la construcción de una Casa de Saberes para su comunidad. Dicho de otra forma: Demarcación territorial no. Territorio, no. Si quieren, les hacemos una Casa de la Cultura, eso sí, diseñada nada menos que por Fruto Vivas, el mejor arquitecto de Venezuela quien, consciente o inconscientemente se presta para la jugada . En todo caso, la no demarcación territorial indígena permite dejar libres todos esos espacios a efectos de los intereses corporativos que, más adelante, descifraremos.
En conclusión, esta breve revista de los hechos nos muestra que los Estados-gobiernos (no importa su impronta ideológica), actúan como verdaderas corporaciones al lado de las grandes corporaciones en contra de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, negras y desposeídos urbanos, mediante políticas de contrainsurgencia que a toda costa buscan contener, paralizar, someter y eliminar la insurgencia anti-sistémica. Para este estratégico propósito va desde el halago, la compra de conciencias, la cooptación de líderes comunitarios, sindicales y campesinos; pero también, de intelectuales de prestigio; hasta el uso de la violencia represiva que empieza por invisibilizar luchas y luchadores comunitarios en los medios (que el Estado-gobierno controla en un 90 % y que, para el caso de la lucha territorial indígena, logra el apoyo del 10 % restante con el apoyo de medios que, por supuesto, son igualmente anti-indígenas), la criminalización, la judicialización y, finalmente, la acción represiva directa con las Fuerzas Armadas policiales, militares y, como veremos en el siguiente aparte, paramilitares.
En todo caso, nuestros Estados nacionales latinoamericanos no pueden seguir siendo interpretados en la acepción clásica de su definición de origen luego de la Segunda Guerra Mundial sino que, deben ser considerados desde la palabra de su hacer que, hasta donde vemos, es la de aparatos corporativos nacionales asociados a corporaciones transnacionales en el contexto de un proceso de re-colonización del mundo que implica para nosotros en primera instancia, el re-ordenamiento territorial del continente. Vale decir, la idea de la toma del poder del Estado para la transformación social no puede seguir orientando la lucha revolucionaria de las comunidades; por cuanto, el nuevo modelo de dominación ha desplazado su eje del dominio desde un centro político al eje del dominio económico, particularmente financiero; de tal manera que, en esta etapa de recolonización los llamados gobiernos progresistas o de izquierda han sido necesarios
para sostener la gobernabilidad mediante el uso de: 1) Una falsa permanencia del discurso de la guerra fría que ha hecho posible la aplicación de todos los conceptos, planes y programas contrainsurgentes ideados por el Banco Mundial naturalizados por el supuesto discurso anti-imperialista de los nuevos detentadores del poder latinoamericanos; 2) Contener la insurgencia de todos los movimientos anti-sistémicos que siempre resultan peligrosos en el contexto de cambios paradigmáticos e históricos, esto es: pocos creerán la palabra de Obama refiriéndose al cambio (para no cambiar) del nuevo curso de la colonialidad pero, de seguro, todos creerán a Daniel Ortega y sobre todo a Chávez, pues, en el contexto de la recolonización en el ejercicio del gobierno de los Estados-gobiernos latinoamericanos está permitido hablar de anti-imperialismo ya que, a fin de cuentas, el sustento económico para la permanencia de tales gobiernos está basada en su estrecha relación financiera con las corporaciones transnacionales que, finalmente son las que orientan y dirigen el curso de actuación de los Estados-gobiernos-corporaciones-nacionales.b.- De la Pranización de la política

Por otro lado, es un hecho más que evidente en todo el continente la vinculación entre elementos de los Estados-gobiernos y el hampa común fuertemente organizada. Ésta ha cobrado un poder tal que, en algunos casos, sus fuerzas parecen llegar a sustituir a las fuerzas regulares en el ejercicio de la violencia del Estado. Así, los casos de México, Colombia y Venezuela son emblemáticos.
En el caso venezolano creemos que es posible armar un listado de casos que permiten ver este fenómeno en su gradual desarrollo y en su intensidad de acción y sus implicaciones para el movimiento social en general y para la lucha indígena en particular, puesto que se trata de la utilización de fuerzas no regulares para la acción contrainsurgente; pero nos conformaremos con mencionar dos que nos parecen suficientemente contundentes para explicar eso que estamos denominando: la pranización de la política.
El primero ocurrió en el estado Bolívar, al sur del país. Allí el gobierno impulsó la llamada Misión Piar, la cual consistía en un programa de formación para la conversión de los mineros artesanales en productores agropecuarios, así como el apoyo financiero y la dotación de espacios para la producción que harían posible finalmente, el abandono de sus explotaciones de oro en la región de La Paragua, logrando, por esta vía, proteger el ecosistema de los efectos de la minería. Sin embargo, el programa de conversión no se llegó a ejecutar según lo planeado, los recursos asignados para tales efectos terminaron extraviados en el enjambre burocrático del gobierno (para no hablar de corrupción), pero además, el gobierno cede a una corporación rusa concesiones para la explotación de oro en la misma región que antes explotaban artesanalmente los mineros muchos de los cuales pertenecen a los pueblos pemón y ye’kuana.
Una vez que la Misión Piar expone su farsa los mineros artesanales regresan a espacios que ya la corporación rusa está presta a ocupar y explotar; por supuesto, la confrontación es inmediata. Es cuando indígenas pemones y mineros artesanales sorprenden y detienen a un grupo de efectivos militares explotando oro ilegalmente en sus tierras y exigen la presencia del Ministro de la Defensa para entregarlos.
Casi inmediatamente superado este impase jamás explicado públicamente por las autoridades, los mineros son atacados por una decena de sicarios llegados a la región desde la capital. En estos hechos muere un dirigente minero pero igualmente perecen todos o casi todos los sicarios. El Ministro de Interior y Justicia declara que se trata de un enfrentamiento interno entre mineros pero éstos le desmienten de inmediato y denuncian que se trató de un enfrentamiento entre ellos y fuerzas irregulares enviadas “por quien sabe quién” para asesinar a su dirigencia y aterrorizar a los rebeldes.
El segundo hecho fue el motín de los presos de la Cárcel de La Planta en la ciudad de Caracas, donde, por varios días los presos dirigidos por los llamados pranes se enfrentaron a la Guardia Nacional para impedir su traslado a otras prisiones. Con esta acción los pranes no sólo demostraron el poder de fuego que poseen y el control que ejercen sobre las prisiones, sino el poder político que han logrado desarrollar mediante vinculaciones a elementos de las estructuras del Estado. Desde la cárcel no sólo dirigen las operaciones de distribución y tráfico de drogas en los barrios de las ciudades, el cobro de vacuna o extorsión por protección especialmente a comerciantes y hasta taxistas, operaciones de secuestro, pero también de sicariato y hasta de aportar efectivos armados para la acción política de intimidación.
En fin, los pranes de la Cárcel de La Planta no sólo obligaron a la ministra de prisiones a encontrar un eufemismo para dirigirse a ellos: líderes negativos, les llama la ministra, sino que, en esa oportunidad lograron la libertad para una cantidad indeterminada de sus “luceros”, ser trasladados a las prisiones que ellos determinaron con sus arcas y armamento intactos, pero lo más importante fue que esta negociación fue realizada de manera directa, dicho por él mismo en cadena
televisiva nacional, por el propio Presidente Chávez quien, dijo, llamó personalmente al teléfono del Pran de la cárcel para pactar el acuerdo. Esta concesión presidencial jamás ha sido lograda por ningún sindicato obrero, gremio profesional y, mucho menos, por ningún pueblo indígena, ni por su fuerza social ni por la justicia de sus reclamos.