Por: Natasha Pitts / Adital.
Reprimidos y constantemente amenazados por los proyectos que invaden sus tierras y territorios, los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – Copinh decidieron denunciar las irregularidades que ocurren en el país. Entre los principales involucrados en colaborar con las empresas transnacionales que explotan tierras de pueblos originarios está la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
El pueblo Lenca está entre los principales afectados por la represión y militarización en sus territorios. También están sufriendo por la imposición de proyectos mineros, de infraestructura y de los llamados proyectos «verdes”, vendidos como iniciativas limpias y sustentables. Insatisfechos por las embestidas en sus territorios, los líderes del pueblo Lenca llegaron a denunciar la situación a instancias públicas, pero no hubo repercusión, ya que existe «un aparato estatal de connivencia con la corrupción y el poder”.
No sólo la Serna está involucrada, la denuncia pública del Copinh señala a alcaldes, integrantes del Instituto de Conservación Forestal (ICF), organismos internacionales, además de fundaciones y sectores del poder político, económico y militar colaborando con la explotación ilegal de tierras indígenas para alimentar intereses económicos.
En la lucha por sus derechos, los indígenas Lenca, sobre todo los líderes y dirigentes del Copinh, terminan siendo víctimas de amenazas de muerte, persecuciones y atentados. Magdaleno Argueta, coordinador del Consejo Indígena del Copinh fue amenazado el 31 de marzo. José Saldivar Gámez recibió una llamada intimidatoria diciendo que dejara de frecuentar el Consejo Cívico, caso contrario sería asesinado. Los habitantes de Santo Domingo, en Colomoncagua, están siendo presionados para aceptar la construcción de una hidroeléctrica sobre el Río Chinacla.
Según se señala en la denuncia del Copinh, el pueblo Lenca resiste hoy a 15 proyectos hidroeléctricos y extractivistas que pueden acarrear la privatización de ríos, aguas y muchos otros bienes naturales. Algunos ejemplos están en Minitas (La Paz) y Río Blanco y San Rafael (Intibucá) donde se están implantando hidroeléctricas que van a favorecer los proyectos ‘Desarrollo Energético’ y ‘Central Hidroeléctrica Minitas’.
Las comunidades del municipio de San Francisco de Opalaca también están siendo amenazadas y presionadas para que acaten la construcción de por lo menos cuatro represas que van a afectar a este municipio y otros vecinos. La población local también está sufriendo por la pérdida de títulos comunitarios de tierras.
Como si no bastara con la invasión de territorios y la destrucción de la cultura, modo de vida y biodiversidad de algunas regiones, los pueblos indígenas también están viendo como su derecho a la comunicación es violado. Prueba de ello fueron las invasiones a la radio Guarajambala, Voz Lenca y radio La Voz Lenca,además de la persecución a los jóvenes que trabajan en estos medios de comunicación comunitarios. En uno de los atentados la energía eléctrica fue cortada y en otro la invasión terminó con los equipos dañados.
Para el Copinh, la situación crítica que se desarrolló en el país es el reflejo de la actuación del gobierno de facto que se implantó después del Golpe de Estado y que continúa en el poder empujando al país hacia la ruina total. Aún así, el mandato ético es no desistir.
«Queremos manifestar que pese a la situación difícil, la decisión de nuestros compañeros y compañeras y de la organización en general es profundizar la lucha por la defensa de la vida, territorios, espiritualidad, cultura, cosmovisión, bienes de la naturaleza, por un mundo más justo y humano y por la Refundación de nuestra patria sagrada y digna”, manifestaron.
Traducción: Daniel Barrantes
