Nelson Lombana Silva / Prensa Rural.
La primera emisora comunitaria en Colombia que comenzó a transmitir con todos los requisitos del ministerio de comunicaciones fue cerrada arbitrariamente el pasado 13 de abril a partir de las 3:13 de la tarde mediante exagerado operativo policial – SIJIN, amedrentando a los periodistas, el equipo administrativo y los mismos radioescuchas para que no protestaran, es lo que se conoce como “Terrorismo de Estado”. El hecho tuvo ocurrencia en el municipio de Líbano, Tolima, y se trata de la emisora Café 93.5 F.M. medio de comunicación alternativo que fue el producto del esfuerzo tesonero de muchos años del compañero ya fallecido, Miguel Marín y muchas más personas que contribuyeron en este esfuerzo porque el norte del Tolima tuviera un medio de comunicación alternativo, propio de las comunidades para expresar sus inquietudes, sus sueños, sus frustraciones y sus esperanzas.
Un allanamiento al parecer sin orden judicial hizo que los polizontes no solo sacaran la emisora del aire sino que decomisaran y secuestraran algunos aparatos sin dar mayores explicaciones, lo cual tiene perplejo no solo a los innumerables oyentes sino también a quienes laboramos en los medios y sabemos el valor de éstos.
Al parecer la emisora tiene una deuda pendiente de $17 millones de pesos por concepto del espacio electromagnético, sin embargo, el ex director de la emisora, el conocido periodista y profesor, José Gutiérrez, señala que el año anterior después de dar una dura lucha para que fuera exonerada por cuanto las emisoras comunitarias no tienen apoyo publicitario, ni privado ni oficial acorde con la realidad de su funcionamiento, se vio precisado a refinanciar dicha deuda asumiendo el compromiso de irla cancelando mensualmente. Actividad que se viene realizando con múltiples dificultades como es obvio en el sistema capitalista.
Al parecer el fondo es otro. Por cuanto varios periodistas fueron y son constantemente amenazados de muerte. José Gutiérrez, por ejemplo, el mismo Miguel Marín, constantemente era amenazado y en la actualidad la gerente María Cristina Marín, prácticamente no puede hacer presencia en el municipio por las agudas y continuas amenazas.
Los medios masivos, propiedad de la burguesía, tratan por todos los medios de silenciar los medios alternativos de comunicación para que siga circulando la imagen única, la palabra única, la versión única. Es decir, la verdad de los poderosos.
Ante esta censura, el periodista José Gutiérrez se vio precisado a sacar del aire la emisora estudiantil del colegio Isidro Parra, al temer que sus aparatos sean, igualmente, secuestrados por la represión que lidera a nivel nacional el presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón.
Se conoció que la emisora de Rioblanco, al sur del departamento del Tolima, también se encuentra en la mira del gobierno. Su director propietario, Luis Enrique Ospina, ha indicado que recae contra este medio alternativo de comunicación un requerimiento.
Ante esta serie de acontecimientos, se vienen proponiendo varias acciones urgentes. Este viernes 20 de abril, se llevará a cabo una comparsa y un plantón en el parque principal de El Líbano. También se ha propuesto un encuentro regional de emisoras y medios alternativos para tomar determinaciones conjuntas que permitan hacer resistencia y defender la libertad de expresión duramente amenazada en el gobierno de la “unidad nacional y la prosperidad democrática”.
Finalmente, se convoca a la solidaridad de las distintas organizaciones sindicales de los medios de comunicación del orden nacional e internacional para que nos ayuden a defender la Libertad de Prensa contemplada en la constitución nacional de 1991. ¡Qué nadie se quede callado!, es la consigna del pueblo libanense.
El primer comunicado de la emisora Café 93.5 F.M. de El Líbano, Tolima, señalando la arbitrariedad del régimen en cabeza de Santos, es el siguiente:
COMUNICADO 01
“La primera emisora comunitaria de Colombia, Café 93.5, de El Líbano, Tolima, ha sido cerrada. Después de 15 años de trabajo continuo, de haber sobrevivido a la muerte de su fundador y director Miguel Marín y de haber sorteado grandes dificultades económicas propias de las emisoras comunitarias en nuestro país, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha decidido cobrar una vieja deuda que nunca nos hemos negado a pagar. El viernes 13, a las 3:15 de la tarde, decomisaron los equipos sin contar con la presencia de un abogado que nos representara, violándose así, el derecho fundamental al debido proceso. El hecho se agrava al no dejar notificación del motivo de la acción policial, razón por el cual el lunes16 de abril acudimos a recoger el acta de incautación y nos encontramos con la sorpresa de que tampoco aparece por escrito sus razones”.
“Somos la primera huella del esfuerzo ciudadano por lograr espacios de comunicación colectivos reconocidos a lo ancho y largo del país y a pesar de ello, al censurarnos el audio nos quieren borrar del mapa”.
“Todos los colombianos tenemos derecho a la información y para la comunidad libanense es de suma importancia contar con su emisora en estos momentos en que el Nevado del Ruiz registra una actividad catalogada en alerta naranja, pues ha sido a través de nuestro trabajo que han recibido orientación e información oficial. Nuestra página había recibido 3544 visitas en el último mes, con un total de 9193 interacciones en las distintas secciones del sitio, registros que dan cuenta de la preocupación ciudadana ante una eventual erupción. Contamos con un listado de los términos digitados en buscadores web, (Google, Bing, Yahoo, Ask, entre otros) en los que se puede observar a simple vista que la mayor parte de las visitas son de personas que buscan saber sobre el estado del Ruiz. Nuestra página de Facebook, el chat y el grupo que ha venido creciendo en el mismo Facebook, también dan cuenta de las búsquedas y de la interacción de la emisora con la comunidad”.
“Café 93.5 no está al margen de la ley, somos y hemos sido honestos con nuestro trabajo y por eso pedimos la revocatoria de la orden de decomiso. Pedimos que se nos trate con respeto y con la consideración que nos hemos ganado con nuestro trabajo. Pedimos que se respete el derecho a la información a una población vulnerable por la naturaleza, y porque es zona de conflicto. Pedimos que nos dejen trabajar y seguir ofreciendo un espacio de aprendizaje y de crecimiento humano para nuestros jóvenes”.
