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Luego del anuncio del gobierno nacional de distribuir fármacos de alto costo a través del sistema Clap mediante la presentación del Canet de la Patria representantes de las ONG que trabajan por la defensa del derecho a la salud han advertido que la medida podría convertirse en un factor grave de discriminación que atenta además contra el principio de universalidad que debería tener la salud pública.

“Una medida que es imposible que se implemente ya que en el caso de las personas con VIH se cuenta con la protección de un amparo constitucional y la entrega de antirretrovirales por medio de CLAP violaría la Ley que garantiza igualdad firmada por Nicolás Maduro”. dijo Feliciano Reyna, activista y presidente de la organización Acción Solidaria, al tiempo en el que rechazó que ese anuncio pueda ser un intento de hacer propaganda al Carnet de la Patria para usarlo como nueva forma de control social.

El activista mostró también preocupación por una medida que tal vez “permita a grupos no entrenados para la distribución de medicamentos hagan mal uso de su “poder”, es decir; que sean ellos quienes determinen a quién le toca y a quién no para aplicar racionamiento”

Discriminación política

En Venezuela, durante los últimos años los controles implementados por el Gobierno han fracasado, ya que la evidente crisis de salud que arropa a los ciudadanos es analizada en instancias internacionales, haciendo que el propio presidente asomara la posibilidad de aceptar la ayuda de medicamentos que le ha ofrecido la Organización Naciones Unidas para así regularizar todo el tema de los medicamentos.

Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), ha advertido en distintas oportunidades que el gobierno no ha aceptado la ayuda humanitaria, ya que desde el año 2016 la canciller Delcy Rodríguez ha asomado la posibilidad de recibir medicamentos de los fondos de ayuda internacional y hasta la fecha nada se ha concretado.

“Se ha creado una expectativa muy equivocada referente a las últimas declaraciones del tema de la escasez de medicina. El Gobierno debe explicar de forma clara la situación de desabastecimiento. Ha muerto mucha gente por falta de medicinas”

Desde octubre del año 2016 se conoce que la medida de distribución de medicamentos sería a través de los llamados Clap, pero fue hasta el 4 de abril de este año cuando el presidente en transmisión televisiva anunció que para el próximo 15 de mayo debe estar actualizado el sistema de salud y que así la “pastillita” para la tensión llegará directamente a través del carné de la patria.

Valencia dijo que la medida es totalmente discriminatoria y nadie sabe si el anuncio tiene que ver o no con la petición de ayuda por parte del Gobierno a las Naciones Unidas en materia de salud, pero desde las organizaciones se solicitó una reunión con el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que aclare lo que el Gobierno no ha dicho en medio de esta grave crisis que pareciera ser utilizada con fines políticos.

Testimonios desgarradores

Aunque la mayoría de los pacientes crónicos desconoce cómo será el procedimiento para adquirir sus fármacos las expectativas siguen latentes. Activistas y médicos temen que la medida se convierta en más burocracia o que simplemente la atención médica incumpla con los principios universales que garanticen el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos.

Un usuario de Acción Solidaria afirmó que le da terror pensar en la posibilidad de no conseguir el tratamiento antirretroviral el próximo mes, pero más terror le da presentar un carnet para retirarlo o tener que censarse y divulgar su condición en toda la comunidad para que simplemente el Estado le garantice su derecho de tener una vida normal sin estigmatización.

“Actualmente no hay Complera en el Inmunológico San Bernardino, ni en Inmunología de la UCV, menos en el Hospital el Algodonal y nadie sabe cuándo llega. Imagínate, entonces preguntarles a los vecinos o a los señores que organizan la entrega de los Clap para cuándo me llegará mis antirretrovirales”.

Es evidente que la decisión vulnera la confidencialidad de las personas al agregar nuevos pasos de censo y registro en las comunidades donde seguramente pacientes crónicos estarán además expuestos a realizar largas colas violándoles además el derecho de tener una vida digna.


Fuente: Gabriela Buada Blondell / Amnistía Internacional Venezuela 

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