Perú: Juicio busca condenar a 30-36 años a líderes ambientales de Celendín

Categoría: Luchas |

pic_marchaServindi, 6 de marzo, 2017.- El lunes 6 de marzo se inició el juicio oral en contra de 16 líderes comunitarios opositores al megaproyecto minero Conga luego que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín formuló acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión, así como el pago de una indemnización de diez mil soles de cada acusado.

Entre los acusados se encuentra el líder ambiental Milton Sánchez Cubas, secretario general de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), quien fue beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante diversas amenazas a su vida e integridad personal.

Otra inculpada es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, por lo que tuvo la oportunidad de defenderse.

El juicio es resultado de la lucha de las comunidades locales contra la empresa minera Yanacocha, de propiedad conjunta de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation, la minera peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, organismo perteneciente al Banco Mundial.

Rechazan criminalización de la disidencia

Un comunicado suscrito por organizaciones de derechos humanos rechazó el pedido de la fiscalía y expresó su profunda preocupación por el uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente.

Sostienen que este tipo de procesos «podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas» debido a que los cargos no corresponden a la conducta de los líderes sociales, y las penas equivalen o son más graves que las que recibirían delincuentes peligrosos.

Recuerdan a las autoridades, en especial a los fiscales y el Poder Judicial, «que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial».

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes del pronunciamiento indican que permanecerán vigilantes ante abusos adicionales, e instan al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Defensores y defensoras

El 3 de septiembre de 2015, una audiencia en el juicio en curso contra 16 defensores y defensoras de derechos medioambientales fue aplazada porque uno de los tres jueces del caso no se presentó.

Ante ello, no se emitió ningún aviso previo, y varios de los defensores de derechos humanos habían viajado largas distancias para estar presentes.

Los defensores de derechos humanos consideran el juicio como un intento de despojarles de tiempo y recursos que normalmente dedican a su trabajo pacífico en la defensa de los derechos humanos.

A continuación el comunicado suscrito por organizaciones de derechos humanos del Perú y el extranjero el cual viene recibiendo nuevas adhesiones:

Rechazamos pedido de la Fiscalía de 36 años de prisión para líderes ambientalistas de Celendín

  • Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado.

Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur— han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

  • Amnesty International
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Broderick Delen
  • CooperAcción
  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • EarthRights International (ERI)
  • GRUFIDES
  • Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)
  • Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)
  • Instituto de Defensa Legal (IDL)

06 de marzo de 2016

 

#DondeEstáAlcedoMora

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