Putumayo, razones para debatir. Lo que el paro no se llevó.

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Nota por si acaso.

Este artículo de investigación forma parte del trabajo de la Caravana Climática por América Latina. Tuvo que ser publicado a finales de noviembre (la investigación fue entre septiembre y octubre del 2014) por un periódico prestigiado en Colombia; se revisó con la jefa editorial en turno y al final no lo publicaron. Razones nunca se supieron. Hoy 6 meses después lo publicamos en aras de no abandonar el tema y poner una discusión en una zona que poco se reflexiona, justo dentro del marco internacional de las negociaciones de paz; que lo único que ha traído es que las trasnacionales recarguen todo su arsenal para depojar y seguir asesinado comunidades enteras.

En memoria a los y las campesinas que han sido asesinadxs durante estos largos ocho meses (sept 2014- abril 2015) en el Putumayo y el Cauca por parte del ESMAD.

Por Braulio Hidalgo y Costilla

Foto Aldo Santiago

El Putumayo es un Departamento del sur de Colombia que alberga comunidades indígenas, campesinas y afros; pueblos amazonicos que desde 1996 han exigido puntualmente tres grandes exigencias; la no explotación y expansión de nuevos pozos petroleros; alto a los desalojos y desplazamiento forzado por el conflicto armado y el cese a la fumigación de glifosato por asperción aérea y terrestre en las tierras de los campesinos.

Lo cierto es que en los 20 años que han pasado, casi nada se ha cumplido; pese a las decenas de minutas y acuerdos con el gobierno nacional; ahora el 2014 se presenta en el calendario y con ello bloqueos y manifestaciones para exigir lo mismo, en un contexto de paro, Villagarzón, el resguardo indígena nasa en articulación con la mesa regional, mantienen una política de acción directa por la defensa le territorio desde junio pasado.

El paro campesino, afro e iindígena se sostuvo por 77 días, hasta que el 19 de septiembre, se logró concretar una mesa de trabaja con el gobierno nacional para solucionar las exigencias principales. Sin embargo poco se ha cumplido; en un comunicado del 1 de octubre que difunde el Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo (SINTRAPETROPUTUMAYO), explica que la fumigación por aspersion aérea de glifosato continúa. En otro comunicado, fechado el 29 de octubre, explica a la opinion pública que aun apesar de que está instalada una mesa de trabajo con el gobierno nacional; la locomotora de la muerte (refiriendose al proyecto energético nacional) continua. Incluso se sigue promoviendo el hostigamiento y confrontanción con el ejército, sobre todo en los campos y terrenos donde se considera zona de presencia guerrillera.1

El Putumayo es una de esas realidades que se salen de la literatura universal para mostranos una vez más, que el «progreso» o el «desarrollo» no es otra cosa que la misma dosis de miseria para millones y riqueza para unos cuantos. Y así lo constatamos en nuestro paso por el Corredor Puerto Vega-Teteye.

Uno de las tres razones a debatir, es la pertinencia de la defensa del territorio en un contexto de guerra, el segundo lo que sucede alrededor de la agenda de paz gubernamental con las FARC-EP y como tercero la acumulación por despojo que se asoma como fondo de la disputa por los territorios indígenas, afros y campesinos del medio y bajo Putumayo; y las consecuencias

1. Por mucho que se discuta el tema, el derecho al territorio es pilar, para el disfrute, armonía y vida como seres humanos en cualquier parte del mundo, es un derecho universal; no solo previsto en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, cuya promulgación cumplió en septiembre pasado  7 años, sino en los esfuerzos constitucionales que emanan de sangre, dolor y resistencia de la lucha política insurgente de la Colombia de aquel entonces, que se materializó en una nueva constitución. De ahi la Ley 21, posteriormente la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y posteriormente la Ley 1381 del 2010. No hay que soslayar que el trabajo político territorial organizativo por la defensa del territorio indígena, afro y campesino no es nueva, es de siempre, y la región amazónica es una de las más algidas y prolongadas de la historia territorial de la construcción política administrativa desde la época de la Gran Colombia, eso hay que tomarlo en cuenta.

El derecho al territorio, como se expresa en leyes nacionales e internacionales, son tan sólo los mecanismos legislativos y jurídicos por donde los pueblos se defienden al hecho consumado de protección, conservación de sus territorios, tanto como guardianes y habitantes de los mismos; mucho antes de que el Estado-nación se consumara como tal. Aunado, el trabajo político y de resistencia que han adquirido desde que el Plan Colombia se hizo visible en 1999, tras la firma con el presidente Bill Clinton (EUA) y Andrés Pastrana (Colombia).

Han hecho del Putumayo, una zona de combate, miseria, muerte, contaminación y mucha organización a no seguir habitando así.


El Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz, es una estrategia antinarcótica, militar y para el fortalecimiento social con políticas públicas, estas fueron las áreas más importantes del programa. La mayor presencia militar en la amazonía no es gratuita. Los vuelos aéreos con avionetas que esparcen por el cielo a vuelo razo muchas veces, el herbicida de amplio espectro llamado glifosato, que mata hojas y tallos de toda planta que a su paso sea tocada por ese agente químico, junto con la guerra que los miltares tienen con la milicia de la guerrilla, encabezada por las FARC-EP; sin olvidar la presencia paramilitar en la zona; son muestra del agudo escenario que construyo dicho plan.

Un espacio tomado, arrebatado en la práctica con estrategias de dominación y control territorial como la ejercida por el gobierno colombiano a través de sus instituciones legales e ilegales, es el reflejo vivo del por qué se hace más pertinente la organización indígena, afro y campesina para la defensa del territorio.

Pero qué significa la defensa del territorio

Cuando la disputa es visible, tangible que permite pensarse el terriorio como esfera(s) de poder; producto de sus distintas formas de articularse con el capital, con la acción política y su pertinencia como conciencia del lugar que habitan; es entonces, cuando estalla el conflicto. La disputa termina siendo el agente que promueve, por así decirlo, en tiempo y espacio concreto, la acumulación por despojo. No importa si existe una relación armonica entre la comunidad, sujeto, pueblo o nación con la naturaleza, para el capital eso no importa, lo que vale(como mercancía por supuesto) es la capacidad para transformarla; es su modo como segunda naturaleza.


Esta relación de transformación (naturaleza/mercancía-segunda naturaleza-) es la promotora del despojo; sin embargo vale la pena precisar que su materialización tiene diferentes momentos, agentes y espacialidades -de ello hablaremos más adelante-; por ello la agresividad y violencia como métodos de solución por parte de las instituciones legales e ilegales del gobierno colombiano, es cada vez más recurrente Hace décadas que la democracia y resolución de conflictos en Colombia no se resuelve con el diálogo de las partes; es la bala, el asesinato, la desaparición y el exterminio las formas convencionales de la guerra. Su grado y nivel de ejecución varia en el tiempo y en el espacio, eso no cabe la menor duda, pero de fondo es el mismo proceder. Esto esta bastante documnentado, por tanto no hay necesiad de ejemplificar.

En suma, la defensa del terriorio ha pasado de una relación armonica con el ecosistema, a la estrategia de promover acción directa y desobediencia civil para frenar el despojo, evidenciar el ecocidio y la militarización que arruina y rompe todo tejido social o resignificación del mismo.

La defensa del territorio para los pueblos amazónicos, es al mismo tiempo la defensa de su habitar.

El contexto de guerra.

Tras la firma del Plan Colombia, por medio de las agencias estadounienses que financian y administran dicho plan, uno puede entender mejor a la distancia, las atrocidades que ha ejecutado el gobierno colombiano con población civil del Putumayo. El Departamento de la Defensa de EUA, junto con el llamado Andean Counterdrug Initiative (ACI por sus siglas en inglés) y la asistencia del Foreign Military Financing (FMF por sus siglas en inglés)-consultar informe reciente sobre el lustro del 2009 al 2014 http://www.state.gov/t/pm/ppa/sat/c14560.htm, auspiciadas por el Departamento de la Defensa Central.

En el Reporte del Progreso del Plan Colombia, un balance del 2005, fecha que propusieron para erradicar el 50% de la producción de coca, entre ambos paises, nunca se cumplió. Lo cierto es, y hay que resaltarlo que los pilares de dicho plan: la erradicación de la siembra de coca, el desarrollo de la región y el fortalecimiento de las fuerzas militares, en realidad son pilares para el control y beneficio de la geopolítica internacional de USA.(2)

A casi diez años de este reporte, hay varios asuntos que quedan en el tintero, y que aquí no podremos analizar y menos discutir, sin embargo, lo que ha sucedido de manera generalizada con los dos periódos de Uribe y el primero de Santos, es una política sistematica de guerra, el primero la agudizo, la enfrentó y la convirtió en política pública, expresada legal e ilegalmente; el segundo la encapsula y la mantiene en los escenarios internacionales para una salida negociada con la guerrilla más longeva del continente; perjudicando a millones de personas agrupadas en reservas campesinas, resguardos indigenas, juntas de acción comunal y barrios. Una muestra clara es desde la gestíón de Pastrana hasta ahora, la nula intención y atención de respetar y ejecutar los acuerdos firmados con campesinos, afros e indigenas del Putumayo; ahora aglutinados en la mesa regional.

Los desaparecidos, asesinados y desplazados en aquella región producto del enfrentamiento de las fuerzas militares con la guerrilla, el asecho del paramilitarismo destruyendo y controlando la producción de coca, el trasiego de tractomulas tanque del corredor Puerto Vega-Teteye, el cobro de las FARC-EP al consorcio Vetra Energy para “vacunarlos”, los abusos de la fuerza militar y del Escuadron Antimotines de la Policia Nacional, son paisajes tan comunes que acompañan la realidad amazónica

Para poner un ejemplo de cómo la clase intelectual refiere el grado de violencia y terror bajo el contexto de guerra que explicamos; es pertinente traer el cuestionamiento que hace público  el escritor, filólogo y periodista colombiano Santiago Gamboa con fuerza y presición al expresidente, ahora senador Álvaro Uribe Vélez, el 16 de mayo pasado. A través del períodico El Espectador:

“¿Cuántos jóvenes muertos y mutilados serán necesarios para que el Dr. Uribe calme su sed de venganza?, ¿cuántos muertos quiere, Dr. Uribe?…

¿Cuántos cuerpos abaleados, rafagueados, desfigurados por la metralla o las tuercas, cuántos jóvenes soldados amputados, cuántos niños campesinos inválidos, cuántas familias destruidas y desplazadas, cuántos colombianos asesinados por colombianos quiere usted, Dr. Uribe? ¿Con otros diez o quince mil estará bien? Usted dice que el proceso de paz es una “claudicación al terrorismo”, y por eso quiere anularlo. Que el Ejército va a ganar la guerra; que ahora sí va a poder hacer eso que no logró en sus 8 años de gobierno, y uno se pregunta, ¿qué ha cambiado en el Ejército como para que ahora sí puedan ganarla?…”

2. El conflicto armado colombiano es tan complejo y largo en comprender, que siempre uno busca aristas o pequeños enclaves que nos permitan articular paisajes del conflicto, para reconocer -como primera instancia- el ejercicio del poder en la zona en disputa. Y nos parece importante detenernos a leer el mapa que presenta en  Informe legislativo, el Congreso de los Estados Unidos de América.

En el website del Congreso de Estados Unidos de América, en sus Informes legislativos, uno de sus repositorios que pertenece a la Federación de Científicos de América (http://fas.org/sgp/crs/), adscritos al Servicio de Investigación del Congreso de Política Exterior y de Asuntos Regionales, presenta un listado de los informes que realizan en los países que invierte, gestiona y administra proyectos binacionales; prácticamente en todo el planeta. Para el caso Colombiano, hay un informe publicado el 3 de abril del presenta año que desglosa un análisis sobre los diálogos de paz en Colombia. Es un documento de 35 páginas, con cifras y mapas que dan cuenta de cómo se ha reducido el “terrorismo” en zonas de conflicto. Valores y metodologías informadas con insumos del propio gobierno colombiano.

Presencia de grupos terroristas en Colombia 2002-2012

mapa_terrori_colombian

La zonas rojas corresponde al mayor nivel de presencia terrorista, y el amarillo a menor presencia. Ambos mapas incluyen a grupos armados ilegales que provocan terrorismo e igual a los grupos guerrilleros FARC y ELN. Cabe destacar que los “grupos armados ilegales” no especifican a quiénes se refieren; sin embargo podemos afirmar que estamos hablando de grupos paramilitares.

Hay que precisar, que aunque existe decretos y leyes que fueron construidas durante las gestiones del expresidente, ahora senador de la república de Colombia Álvaro Uribe Vélez (revisar Ley 782 de 2002, Decreto 128 de 2003, Decreto 3360 de 2003 y decreto 2767 de 2005) para desmovilizar y reincorporar la vida civil a los grupos armados, y que ha 10 años de distancia, sigue siendo muy cuestionada todo el proceso para la justicia y la memoria de los y las colombianas; la realidad es que la presencia paramilitar sigue presente y en muchos casos, al servicio de los interéses de quienes acumulan por despojo: los proyectos extractivistas.

Las paramilitares, ahora nombrados como Bandas Criminales, donde las guerrillas quedan en la misma categoría, son sujetas de análisis en decenas de organizaciones de DH. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), presenta su VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares, publicado en abril del año pasado (consulta en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/08/Informe-VIII-Indepaz-final.pdf), donde por municipios y departamentos nos explica la presencia de estos grupos; incluso desglozado con cartografía por grupo, nombre y accionar. El Putumayo resalta con fuerte influencia de Los Rastrojos, Los Urabeños y Las Águilas Negras, justo en municipios como Puerto Asis, donde la FARC-EP tienen presencia, de igual manera en San Miguel, Villagarzón, Orito y en la zona del Corredor Puerto Vega-Teteye. Justo en la zona petrolera que controla la empresa Consorcio Vega Energy.

Hay que agregar, que la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, mejor conocido como el ESMAD, tiene presencia desde julio pasado (aun a pesar de que tras los acuerdos en reunión del 19 de septiembre entre la Mesa regional y el gobierno para retirar al ESMAD, fue un gran avance, la presencia políciaca y militar sigue) a raíz de los bloqueos y paro que mantienen la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, integrada por campesinos, afros e indígenas, miles de ellos integrados a su vez en la organización Comunidades del Corredor Puerto Vega-Teteye.

El 15 de septiembre, justo a unos metros de la entrada al resguardo indígena Nasa, Cabildo Indigena de Santa Rosa, Kiwna Cha, el ESMAD se enfrentó contra indígenas y campesinos; trayendo como consecuencia 6 heridos de gravedad y un muerto. Arnaldo Martínez, joven dirigente de la comunidad  Puerto Colombia, fue herido por un proyectil de gas lacrimógeno a quemaropa. Su traslado e intervecnión hospitalaria se realizó en Ecuador, de 8 a 10 horas de distancia. Finalmente perdió la vida  tras 4 días largos después de operarlo en el Hospital de Cotocollao en Quito.

Todo esto sucede, en el contexto de la inauguración del Sistema Binacional de Descargaderos de Crudo entre Ecuador y Colombia:

«El resguardo indígena nasa Kimnachan, ubicado a la entrada de Santa Rosa, es uno de los enclaves del conflicto. Es el área de combate, una vía que fue tomada por los indígenas nasa y afros desde el inicio del paro en repudio al tránsito de tractomulas tanques, que son distribuidas hacia el Ecuador y otros puntos hacia el norte del país. El 15 de septiembre, justo en la inauguración del 1er Sistema Binacional de Descargaderos e Crudo entre Ecuador y Colombia, la agresión del ESMAD fue más dura (véase la denuncia de hechos), violenta y activa que en otras ocasiones. El resultado: cinco heridos, dos de gravedad. Arnaldo Muñoz, campesino de 25 años fue herido a quemarropa con un proyectil de gas lacrimógeno que le impactó en la sien, provocándole heridas severas en el cráneo y su masa encefálica. Debido a que en Colombia no existen garantías constitucionales para los heridos –pues son judicializados y aprehendidos tras su recuperación en las Entidades Promotoras de Salud– el joven tuvo que ser trasladado hasta la clínica Cotocollao de Quito, Ecuador. Tras un complicado viaje que dilató su atención médica por seis horas –lo cual agravó su estado de salud– Arnaldo falleció el pasado 20 de septiembre y fue enterrado con honores por parte de la guardia indígena nasa en su comunidad de origen. ¿El método les recuerda el actuar de la policía en otras partes de Latinoamérica?» (consulte http://subversiones.org/archivos/82333 )

Así sucede la construccíon de la paz en las negociaiones entre el gobierno nacional y las FARC-EP. En La Habana, Cuba, víctimas del terrorismo de Estado se dan cita, junto con organizaciones de DH y actores involucrados en la negociación como la talla del profesor e investigador Renan Vega entre otros. Se reunen, mientras en otros lares del país, la paz ni siquiera están en el imaginario. Putumayo es el ejemplo vivo.

Si la paz en Colombia busca ser nacional, y al menos así lo demuestra los esfuerzos alternos para subir de discusión en las rondas de paz de La Habana, debe de tomarse encuenta los encuentros de reservas de zonas campesinas, por la defensa de loa páramoa, los mismos Congresos de los Pueblos y el actuar de la marcha Patriótica, como el trabajo de organizaciones de DH y abogados, incluso los esfuerzos titánicos de colectivos como Rios Vivos, que busca junto con otras experiencias (Descolonizando La Jagua) nacionales e internacionales (Amigos de la Tierra) luchar contra la locomotora energética; son ya un referente para quienes construyen paz en la vida diaria del Colombia que resiste. Sin embargo, lo cierto, lo que se teje desde arriba la institucionalización de la paz; todo lo que no se acuerde arriba, carecera de validez, por muy legítimo que sea.

3. Desde la década de los 60 la explotación petrolera ha sido la bonansa del Departamento, actualmente se encuentra inscrita en una política energética que va conectada a la llamada locomotora energética. El extractivismo y la explotación del crudo, de igual manera está desarrollada por la gran minería. Lo cierto es que la empresa Consorcio Vetra Energy, tiene como objetivo perforar más de 100 pozos nuevos,  en territorio indígena, campesino y afro de la amazonía. Así lo explica la aprobación de la licencia ambiental por parte del gobierno nacional, la Ley 0551.

Pero ¿cómo entender la acumulación por despojo, en un clima de violencia, devastación ambiental, disputa territorial, conflicto armado, violación a los DH, militarización y asesinatos de Estado? ¿Cómo entenderla bajo el contexto de la defensa del territorio?

Trataremos de no profundizar en su caracterización, sopesando que es de suma importancia hacerlo, sobre todo con las formas tan brutales que actua el despojo. Justo en una zona con fuertes interéses económicos, que para llegar a sus fines, usan la violencia para llegar a su cometido. Con apoyo del Estado y de la compra de servicios paramilitares de ejércitos irregulares con el visto bueno de las autoridades militares.

La producción espacial de la explotación petrólera, trae consecuencias muy concretas; sin embargo hay que precisar que la producción espacial del propio proceso de producción del petróleo trae otras formas materiales al despojo; donde la acumulación no sólo sustenta su vida en la valorización del territorio como mercancía, sino (de ahí la necesidad de estudiarlo en otro momento a profundidad) es la posibilidad de resistir contra esas formas de desvalorizar el territorio para acumularlo a través del despojo.

El consorcio colombiano Vetra Energy, es protegido por el estado colombiano, eso ha quedado demostrado; no sólo por la presencia el Ejército y el Esmad; sino por la precarización que mantienen en la zona, sin ninguna Universidad en el Departamento, sin calles pavimentadas ni servicios básicos: junto con un sistema de salud inexistente y una política de criminalizar toda acción social para defender el territorio. Es la capacidad de «olvidar», de mantener en el olvido al Departamento para que puedan tener todo el acceso al mismo, y poder explotarlo.

Todo este contexto es en sí mismo la acumulación de capital, ya no de la manera tradicional por la fuerza de trabajo de las y los obreros; sacandole jugo al plusvalor de esa fuerza de trabajo no contada ni cobrada por el asalariado; sino por la manera de acaparar, a través del despojo (comprando líderes, contaminando la zona, asesinando campesinos, pagando servicos a la guerrilla o a los paramilitares, usando el brazo armado del gobierno o comprando el tejido social a partir de sus “inversiones sociales” para mejorar la calidad de vida de quienes rodean, en este caso, el territorio amazonico, sea cual sea la forma material  en el espacio)los bienes comunales y los pueblos amazónicos; todo en un contexto de guerra y en un contexto de acuerdos de paz. El binomio perfecto para desprestigiar, apoderarse y despojar a quienes se resisten a dejar de ser lo que son.

Es entonces la institucionalización de la paz, para que las trasnacionales entren con todo a despojar y devastar, en el gran círculo de la desvalorización de la naturaleza. Solo la pasciencia indígena, afro y campesina por defender su territorio contra un sistema de producción salvaje que sin problemas acumula capital como proceso social (intagible o tangibles en el territorio) o en su forma como cosa para su mercantilización. Una batalla dura y larga contra la posible devastación más prolongada en todo el hemisferio. Logrando que todo lo que no se negocie desde arriba en La Habana, sera ilegítimo para los de abajo.

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1 Puedes consultar los comunicados desde aquí http://cereza.mayfirst.org/caravana/Textos/Comunicado%2029%20de%20Octubre%20de%202014.pdf y http://cereza.mayfirst.org/caravana/Textos/COMUNICADO%20A%20LA%20OPINI%c3%93N%20PUBLICA%2001%20de%20octubre%202014%20(Autoguardado).docx

2 El Reporte explica:

“The objectives of Colombia and the United States differ in some aspects, although there is a significant overlap of goals. The primary U.S. objective is to prevent the flow of illegal drugs in to the United States, as well as to help Colombia promote peace and economic development because it contributes to regional security in the Andes. The primary objectives of Colombia are to promote peace and economic development, increase security, and end drug trafficking. Both U.S. and Colombian objectives have also evolved over time from a strict counternarcotics focus to encompass counterterrorism activities.”

Consultar en http://fas.org/sgp/crs/row/RL32774.pdf-

#liberenARodneyÁlvaez

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