Francisco Javier Sierra Corrales

En verdad tanto la “nueva” gestión policial, en manos de la Almiranta, Carmen Meléndez, Ministra de Relaciones Interiores y Justicia (La Prensa derechista, la llama “La Doña”), como la “Comisión Presidencial Para la Revolución Policial” (Comisión Bernal), a cargo del Ex-Comisario, Ex-Alcalde de Caracas y Ex-Diputado Freddy Bernal Rosales, hombre de confianza de Hugo Chávez Frías y prácticamente su “policía mayor”, dado que de toda la cúpula del chavismo (Hoy chavismo no traduce bolivarianismo revolucionario) era el que más sabia (Debería saber) de policía, lo que deduce que no es ahora cuando empieza a involucrarse en los asuntos policiacos del país, un muy mal hándicap puesto que en esa materia es donde Chávez-Maduro, han tenido los peores desempeños. Según las estadísticas.

Digo que la gestión de “La Doña” como del policía Bernal, en su nuevo rol de “ideólogo” de la seguridad ciudadana, arrancó muy mal, puesto que han debido comenzar con la reestructuración del personal e inventario de bienes, instrumentos y armamentos, como primero, y de segundo, con la reforma penal integral. Veamos.

1.- REESTRUCTURACION DE PERSONAL E INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ARMAMENTOS.

Primero que comenzaron (La “Comisión Bernal”) haciendo la casa por el techo y no por las bases, como debería ser, ya que empiezan tal cual como empezó el gobierno de Chávez en 1999, que en vez de haber hecho una depuración y limpieza de elementos hartos conocidos como violadores de las garantías constitucionales y corruptos, y sus respectivas sanciones, comenzaron populistamente cual sindicalistas (En este caso sindicaleros) o” miss simpatías”, en aquella época se decía “dignificar”, y hoy no solo se repite la conducta populista sino hasta la palabrita y lo que ello contiene, es decir, para los policías negligentes y/o dolosos, mayoritariamente, aumento de sueldos y estabilidad laboral, beneficios y privilegios de todo tipo, sin investigar su desempeño y sin procesar las denuncias tanto las engavetadas como las nuevas que se deben abrir, garantizándole protección y privacidad al denunciante.

Esa “dignificación”, hoy, al igual como fue la de 1999, es equivalente a una “ley de perdón”, como las que hubo en el cono sur con los militares violadores de derechos fundamentales o el “perdón” cartagenero bolivariano.

Resulta que las policías estadales o regionales, al igual que las municipales o locales, se han convertido en sitios de “asilo dorado” o “zonas de aliviaderos” de Comisarios y policías mala conductas, corruptos y matones del pasado, que en vez de habérselo sometido a juicio penal y ser condenados con penas larga, simplemente fueron destituidos del cargo, y algunos simplemente ellos por cuenta propia se fueron, y lo peor, algunos fueron jubilados, como única forma de deshacerse de ellos, quedándoles todavía vida útil, esta gente, repito, “emigró” a las recién creadas policías estadales y municipales. Aunque otros con “mejor suerte”, se quedaron, y hoy son los jefes o “maestros” de las policías tanto la nacional como la científica o judicial y la política. En el ámbito militar no hubo esta “emigración, la ruptura la hicieron los golpistas por cuenta propia, simplemente emigraron porque se fueron y se fueron porque les dio la gana.

Este “perdón cartagenero”, anteriormente descrito, cuyo origen lo diagnosticó muy bien nuestro Libertador, hace 200 años y puede resumirse en: “..tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados…”; hoy los filósofos, filantropía, dialéctica y sofistas serian “humanistas”, sindicalistas (En donde entra “la dignificación del policía”), “paz”, por supuesto una falsa paz y el ser “cristiano”, todos estos ingredientes aderezados con “socialismo”, “revolución”, “izquierda” y “bolivarianismo”, un verdadero populismo político una socialdemocracia tardía.

Por ello, antes de andar de sindicalero o tirándoselas de “miss simpatías”, en algo tan serio como la seguridad ciudadana, se debería empezar, por hacer un escrutinio de hombres y del status de bienes y armamentos, aparte de una severa auditoria, abrir un periodo de denuncias al público, con suficiente garantía y protección al denunciante y una reestructuración total del personal, sancionando a quien tenga cuentas pendientes.

 Esto ni implica que se va a paralizar la labor de seguridad mientras se hace la reestructuración, una verdadera labor de reconstrucción o como se dice hoy “re-ingeniería”, porque ha de suponerse que ya hay un cumulo de experiencia (15 años no es un día), hay experticia en la gestión policial y de paso quienes vienen no son ningunos “nuevos” o improvisados. Se puede (Y se debe) ser eficiente en la operatividad y completo y eficaz en la depuración y reestructuración.

2.- REFORMA PENAL INTEGRAL

Y segundo que en vez de empezar haciendo una reestructuración integral policial,  no solo al personal y bienes, sino que incluya, también, las reformas de las leyes penales, o mejor dicho, la actualización de la constitución bolivariana a las leyes penales, que sería una forma de proceso constituyente, en la fase de ejecución, retardada y olvidada por la antigua derecha endógena, hoy burocracia consolidada; se debe comenzar reflexivamente y actuando con pie de plomo,  pero en contrario, se comienza con los típicos operativos represivos altamente mediáticos, como “el reimpulso del plan patria segura”; este plan así concebido, de la misma forma como lo venía haciendo Rodríguez Torres y los anteriores, no es otra cosa sino reforzar el estilo policiaco burgués, capitalista, de represión del delito de los pobres y en donde las conductas lesivas y transgresoras de la burguesía y la derecha, que son más nocivas al colectivo social, muchas de ellas no penalizadas o levemente sancionadas, quedan sin la debida y justa represión policial.  

Se debe reformar el código penal, sobre los delitos y las penas, para tipificar al terrorismo de estado imperial (USA-OTAN), incluye el terrorismo y la manipulación mediática, las acciones encubiertas imperiales, en donde se incluyen las célebres “ONG”, subsidiadas en dólares y no todas de origen gringa sino algunas con nacionalidad europeas, la especulación financiera con dólares, en donde se combinan agentes imperiales con funcionarios apátridas, la especulación con precios, en donde la “negligencia” de funcionarios públicos es clave para que comerciantes felones golpeen al pueblo; una superpolicia financiera y bancaria y de precios y costos justos. Por supuesto aquí se incluye el terrorismo tradicional, que ahora lo utiliza la derecha en la oposición,  con el agregado criminal (Mafias, hampa organizada, grupos paramilitares) mafias altamente politizadas y que buscan el control social favorable al capitalismo o en contra de quienes están en contra del capitalismo, como Colombia y México. Y por último repotenciar la lucha en contra de la corrupción, hoy prácticamente despenalizada.

En base a la reforma penal integral, que se pudiera hacer vía habilitante, por la materia económica y contra la corrupción, organizar las policías las fiscalías y los tribunales y los pensum de estudio de los policías. La policía, fiscalías y tribunales de delitos políticos, (Terrorismo imperial), de delitos económicos y corrupción; otra de delitos comunes y otra de delitos menores o municipales (Menos de 10 años de prisión), tanto a los delitos comunes, o de pobrecía y los municipales se les debe bajar la pena y el rigor carcelario con una amnistía o indultos generalizados, con apoyo social y económico del estado, a la vez que se reprime con más rigurosidad al delito de cuello blanco y un régimen penitenciario cerrado, estricto.

De esta forma se pudiera eliminar al CICPC, tal y cual como está hoy conformado y concebido, bajo la óptica Hooveriana (Edgar J. Hoover, renovador del FBI posguerra y fundador de la CIA). Prácticamente un cuerpo armado, militarizado que actúa como ejército invasor en contra su propio pueblo y transformarlo en una policía científica, de investigación, desarmada y para las capturas y búsqueda pudiera quedar un cuerpo armado especial para ello o” bloque de búsqueda y captura”. Así, más o menos, un CICPC-Anti-Terrorista (Traición a la patria, terrorismo yanqui), un CICPC en contra delitos Económicos (Especulación financiera y con precios, delitos económicos comunes de alta cuantía), un CICPC Anti-Corrupción, un CICPC Delitos Comunes y un CICPC Delitos Municipales o Menores (Penas menor a 10 años), cada uno de ellos adscritos a una Fiscalía afín y un bloque de guarda, custodia, persecutoria y captura, que sería un cuerpo armado especializado, auxiliar de los otros CICPC.

Es por aquí en donde tanto La Ministra como Bernal, han debido empezar y no con planes efectistas. Ahora bien, esta observación, es desde la óptica bolivariana revolucionaria, inmersa en la constitución, relativa a un estado social de derecho.

ESTA CRITICA ES DESDE LA OPTICA REVOLUCIONARIA

Ahora todas estas observaciones críticas, son desde una óptica revolucionaria, y por supuesto constitucional, tomando en cuenta, que es un gobierno afín, bajo el criterio de un estado social de derecho y no un “estado de derecho burgués”.

Pero si ahora, el gobierno, o mejor dicho el alto gobierno, ha cambiado de óptica y busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el enemigo natural del país y de los pueblos del mundo, porque necesita “dinero fresco”, donde tendrá que someter al país a un plan de ajustes, o simplemente se busca conservar el statu quo existente, en donde los cuadrantes no son con fines de derrotar a la guerra económica imperialista sino previendo controlar un “mega-caracazo” eficazmente, por las medidas impopulares que se tomaran, y más bien se requiere a la policía unida y compacta para reprimir al pueblo y por eso se le “dignifica”; por supuesto que estas recomendaciones no le sirven para nada.

Pero es que tampoco un gobierno que sea la continuidad del estilo puntofijista con otros actores y otros tiempos, pero que siga el mismo libreto, y no esté en armonía con la concepción de un estado social de derecho, tampoco le sirve para nada al pueblo, no le es útil a la nación en el sentido bolivariano de la palabra.

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