[Honduras] Comunicado Organizaciones Alertan Criminalización de Defensores de Derechos Humanos

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COMUNICADO PÚBLICO

 

11 de septiembre del 2013.

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ORGANIZACIONES ALERTAN SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

 

Las organizaciones que suscribimos la presente comunicación externamos nuestra preocupación en torno al creciente riesgo para las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos en Honduras.

 

En su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas emitido en el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló su preocupación por el agravamiento de la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos a partir del golpe de Estado que ocurrió en ese país en el año 2009. Más recientemente, en su informe anual correspondiente al año 2012, nuevamente se refirió a “la persistencia de ataques, amenazas, y hostigamientos contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos.”

 

En este contexto, preocupan los ataques recientes a integrantes del (COPINH) quienes encabezan acciones en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca.

 

La represa hidroeléctrica es un proyecto promovido por la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) que, de llevarse a cabo, afectaría el caudal de las aguas del río sagrado Gualcarque y consecuentemente el acceso de los pobladores al mismo.

 

La oposición al citado proyecto, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que sólo en el año 2013, particularmente a partir del 1 de abril que iniciaron la toma de la carretera de acceso al sitio de construcción de la represa, varios integrantes del COPINH hayan sufrido una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales.

 

Así, Berta Isabel Cáceres Flores –coordinadora general del COPINH y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH– ha sido objeto de diversos seguimientos por parte de vehículos ocupados por hombres armados, así como de al menos dos intentos de sabotaje de su vehículo. Además, junto con Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, ha recibido múltiples amenazas de la contratación de sicarios para asesinarlos.

 

En este contexto de hostigamientos, a finales del mes de mayo, la lideresa Berta Cáceres fue objeto de una emboscada por un comando militar-policial mientras se trasladaba, junto con el señor Gómez Membreño, hacia la comunidad Lenca de Los Encinos, Río Blanco, Municipio de Intibucá; en dicha oportunidad, los hicieron descender y apartarse del vehículo mientras lo registraban, luego de lo cual éste les fue decomisado, supuestamente por haber encontrado una pistola comercial en la paila del carro. A raíz de esto, se procesó a la defensora por el delito de portación ilegal de armas y atentado contra la seguridad interna del Estado, proceso que, a la fecha, permanece abierto.

 

Más recientemente, a finales del mes de julio, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por los supuestos delitos de usurpación, coacción y daños continuados, en contra de Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomas Gómez Membreño, alegando que indujeron a los pobladores a cometer daños en equipo y propiedades de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA). Según se conoce, las acusaciones fueron promovidas por denuncias del Alcalde Municipal y apoderados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

 

Es de nuestro conocimiento que el pasado 14 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia sobre dicho proceso, mismo que continuará durante las próximas semanas.

 

No solamente se producen ataques, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, mismo que no son debidamente investigados; sino que también resulta de suma preocupación que se esté permitiendo la utilización del proceso penal para intimidar la labor de defensa que realizan las y los líderes, y demás integrantes del COPIHN.

 

Al respecto, la CIDH en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas señaló que “los Estados tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos”.

 

En tal sentido, las organizaciones firmantes hacemos un llamado para las autoridades hondureñas garanticen la integridad personal, las garantías judiciales así como la honra y la dignidad de las y los integrantes del COPIHN en el marco del proceso penal que se sigue en su contra.

Además, respetuosamente solicitamos que el Estado de Honduras reconozca públicamente la importante labor que realizan los defensores y las defensoras de derechos humanos en este país y se abstenga de incurrir en prácticas intimidatorias.

#liberenARodneyÁlvaez

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