El mandato de la violencia contra el pueblo yukpa o el efecto disciplinador para la protección de las jerarquías sociales

Categoría: Guarureando |
26348_10151471947179061_1556439018_n12/09/2013
María Peña
 El mandato de la violencia y fascismo  contra el pueblo yukpa  que se ha manifestado en asesinatos, violación contra niñas  y mujeres, intimidación, intoxicación masiva sin asomo de investigación, secuestro, indiferencia a la hora de  hacer denuncias,  vilipendio en distintos medios de comunicación de la zona, revela, entre otros aspectos,  la tensión y pugna  por mantener la ordenación jerárquica  asimétrica de esta parte de la sociedad venezolana.
La violencia en el pueblo yukpa, en términos de  Silvia Federici,  ha sido y es  “el principal medio, el poder económico más importante” en  el proceso de sostenimiento de las relaciones entre poderosos  e indígenas. El desarrollo capitalista en la región oeste de Zulia (ganadería, narcotráfico, contrabando de madera, monocultivo  extensivo)  no solo se ha valido de  la apropiación de la tierra y  del territorio sino no  la acumulación  de la fuerza de trabajo  “trabajo muerte” de otros bienes robados y “trabajo vivo” en la forma  como los yukpas  han sido puestos al servicio de la explotación y los que no  han sido asesinados y desaparecidos.
La naturalización del maltrato contra los indígenas nos habla de  una especie de fuerza que parece inmortal, fuerzade la colonialidad del poder  en el ordenamiento cognitivo de la realidad y en consecuencia en las acciones de los perpetradores quienes pactan en complicidad  explícita o implícita su carga de violencia  contra el “cuerpo del indio”.
“Cuerpo del indio” que representa  el conjunto de   la humanidad del pueblo yukpa. Humanidad vista como animalidad en los ojos de los ejecutores y responsables de la violencia cuyo carácter coercitivo  e intimidador busca mantener  a la fuerza “las cosas como deben de ser” en la realidad de frontera que representa el oeste del estado Zulia. Y como contradicción, la “agresión por agresión” entre quienes son identificados como la familia de Sabino y de Ana Fernández, compone  una “extraña contradicción entre moralidad y legalidad” pues funge como un “efecto disciplinador” contra la “conducta rebelde, sin razón de estos indios”.
 La violencia generalizada contra los yukpas como mandato transcribe el impulso de  la intimidación  en el  acto de violación contra las mujeres pues este se sitúa como “un acto que se ampara en el mandato de punir y retirarle su vitalidad a una mujer percibida como desacatando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema de status de la moral tradicional” (Rita Segato,2003).
 En este sentido, para parte de la sociedad y de la institucionalidad como el MINPI y algunos militares, policías de polimachiques, en lugar de crímenes contra los más débiles, la violencia, la violación a la humanidad yukpa constituye una “punición, y el violador, en lugar de un criminal, se percibe [y es percibido]    a sí mismo muchas veces como un moralizador o un vengador de la moral”.
En parte, lo anterior explica el  hecho de que  la violencia contra el pueblo yukpa se refuerce con  la impunidad y con el silencio de autoridades regionales y nacionales  las cuales han asumido en su mayoría el no pronunciarse en parte porque el ministerio del poder popular para pueblos indígenas, con su lógica del espectáculo en la entrega de recursos para los indígenas,  ha optado por dejar pasar todo acontecimiento violento a merced de la integridad  física y moral de mujeres ancianos y niños  indígenas. Las razones  son varias pero  todas responden a  una mentalidad colonial herencia de una violencia simbólica que  justifica la violencia física y argumenta de forma débil que lo que pasa es producto de  esos mismos indios que o son  manipulados, o son alcohólicos, son rebeldes sin causa, o son ladrones, o son escuálidos, o mal portados entre otros juicos de valor en contra el cuerpo del indio.
El análisis estructural de esta violencia es la continuidad   la violencia  que llevaron a la fundación  de la Villa del Rosario  por las fuerzas  colonizadoras de  Don Juan de Chourio en 1722 y de la posterior venganza contra los yukpas  en manos de las tropas de  Venancio Pulgar conocido por “quemar indios vivos”. La fundación de Machiques de Perijá está cimentada en sangre.
En 1920,  a los hermanos  García, quien fuera el presidente provisional  Vitorino Marques Bustillos les regaló “tres lotes de terrenos de 4500 hectáreas al oeste de la Sierra de Perijá con indios, bosques, montañas, faunas y ríos” instalando así lo que hasta hoy presenciamos.  La hacienda el Capitán guarda el recuerdo de los asesinatos de cientos de yukpas en siglo XX. Y las haciendas y fundos como el parcelamiento Las Flores, hacienda Medellín Tokuko, lugares donde se han suscitados los asesinatos más recientes, guardan hoy la impunidad mas inadmisible contra los indígenas.
El robo de las tierras más productivas del piedemonte de la Sierra de Perijá y la fallida liquidación física del pueblo yukpa aunado al proceso revolucionario  que sin duda  ha sido esperanza para el pueblo yukpa,  junto con la postura del Presidente Chávez quien en el 2009  afirmó que entre los  ganaderos y los yukpas el gobierno optaba por el apoyo para el pueblo yukpa – dichos sea de paso, el único que hasta el momento  ha tenido la fortaleza de enviar  públicamente un mensaje de fuerza a los asesinos e intimidadores del pueblo yukpa-, ha conllevado a un recrudecimiento en la arremetida violenta   de   las alianzas entre el poder económico, liderado por los ganaderos y contrabandistas, algunos sectores militares que desde Fuere Macoa  han jugado como jueces al margen de la ley para la “caza” de  yukpas “roba tierras”  y que  por tradición han colaborado con el “cuido y protección” de la propiedad privada ganadera  y corredores para el trafico de “bienes preciados para la economía de la violencia”, así como la impunidad amparada por el silencio de un alcalde conspirador con  la violencia, componen en sí las fuerzas genocidas que están exterminando con el tejido comunitario del pueblo yukpa.
Lo anterior  no cuenta con ningún contrapoder que pudiese estar liderado por el Ministerio de Pueblos indígenas. Por el contrario, este en ocasiones recientes y con la ex ministra Maldonado, ha jugado al lado de la parte acusatoria de medios como el periódico La Verdad –  instrumento de influencia en la opinión de los habitantes  de Machiques y del poder económico responsable de la campaña de odio y  racismo contra  los yukpas-. Que débil ha sido el rol de este Ministerio. Cuanto chantaje como mecanismo psicológico y condicionante  en su gestión. Cuanto racismo implícito en sus políticas públicas. Cuanta mentira comunicada como verdad a los máximos líderes del proceso que lamentablemente han tenido al MINPI como la única fuente de la “verdad” que acontece en la realidad indígena del país. Este Ministerio ha tenido todo  para haber escrito una historia distinta a favor de los pueblos indígenas del país. Pero  al mejor estilo de lo analizado por  Frank Fanon en su  lúcido  análisis sobre “piel negra, mascaras blancas”  en analogía con el MINPI podemos decir “piel indígena, mascara colonizadora”.
 El MINPI ha defraudado el mandado de justicia histórica encriptando a los indígenas en actos de  esencialismo étnico forclorizado, despojándolos de su potencial para revelar, pese al exterminio gradual, experiencias de socialismo comunitario  haciéndolos  ver ante los ojos del país únicamente como receptores de  recursos pues ante el MINPI, los indígenas están para recibir las ayudas asistenciales espasmódicas y no para  revitalizar sus culturas o para potenciar  su vitalidad   como pueblos. El MNPI lo ha tenido todo, pero opta por sus bellos discursos, todos vacios de acciones concretas y lo peor, ha jugado del lado de los poderosos. MINPI: mentira, racismo, cuantiosas cantidades de dinero puestas al servicio del debilitamiento de los indígenas. Cuanta creatividad le ha hecho falta. Cuanta  carencia de responsabilidad. Les ha sobrado quienes han querido apoyar a una dignar  dirección de sus políticas, pero su soberbia y  la defensa de sus cargos han descartado toda colaboración y estrategias para la paz
Abruma tanta injusticia contra el pueblo yukpa. Entristece como este  profundo mandato de la violencia ha llevado a líderes indígenas a convertirse en operadores  para la continuidad de las  jerarquías de poder en la zona -que en momentos   han estado  en peligro  por  la recuperación de las tierras en manos de yukpas-  aspecto que nos hace más difícil el análisis  y la compresión de la realidad en virtud de que inmediatamente al presenciar protestas  de algunos yukpas contra los atropellos, o la huelga de hambre del hermano Korta, no tarda en aparecer  un autobús  que  habilitado  por algunos viceministros indígenas, llevan a    otros yukpas a contradecir a sus hermanos.
“El cuerpo del indio” ya visto en términos de género, ha instituido el sometimiento de mujeres que como Ana Fernández, Lucia Romero, Zenaida Romero, han llevado a cabo las denuncias  para que cese la violencia y se haga justicia de los asesinatos que selectivamente cegaron la vida de sus hijos, compañeros, nietos y sobrinos.
La nueva arremetida de violencia se ha centrado en  debilitar a estas mujeres. Se ha centrado en intentar callar sus voces hasta el punto de que algunos hombres “encargados de la protección” de Lucia, han  amenazado sexualmente a sus hijas y  les han llegado a requerir felación a cambio de 200 bolívares.
 Estamos siendo testigos de  una economía de la violencia que sostenida por  la explotación indígena, la alianza de poder   ganadera  militar política, la acumulación y robo del territorio, algunas representantes religiosos de la misión del  Tokuko encargados de  condenar y negarle protecciona  la familia de sabino, se ha engrosado gracias a otras jerarquías “construidas  a partir del género, la “raza” y la impunidad.
Sostengo que la impunidad se ha convertido en una jerarquía de poder por cuanto ha servido para la licencia que otorga el permiso: “el matar indios no  se condena”. Vale la pena decir que el hecho de que los asesinos materiales de Sabino  hayan sido identificados y  quizá  ya puestos en  vía de juicio  ha sido  en gran parte por el esfuerzo de colectivos sociales por romper el cerco y por desafiar la premisa  del MINPI y de algunos integrantes de la indiocracia revolucionaria (miembros de la comisión permanente de pueblos indígenas de la AN; parlamento indígena latinoamericano, viceministros entre otros) quienes escudan su mentalidad colonial y su excesivo cuido de sus cargos -por ello su cobardía para pronunciarse-, con decir “ el problema de los indios en este país le corresponde solo a los indios”, pseuda síntesis de un análisis  ramplón que obvia la realidad histórica, las relaciones de opresión y el racismo acumulado.
¿Hasta cuando estaremos como mudos testigos de esta realidad?; ¿hasta cuándo estaremos aguantando la “verdad” de que el envenenamiento de niños yukpas se produjo cuando  una galletitas se mojaron con el licor Antioqueño? ¿Hasta cuándo nos mostraremos impávidos ante el genocidio cotidiano de los yukas, genocidio.

#liberenARodneyÁlvaez

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