Sobre la Declaración de Guayaquil: ALBA y extractivismo

Categoría: José Javier Franco |

alba-mad630José Javier Franco

Los gobiernos de izquierdas de América Latina, reunidos en XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, han fijado firme posición contra los movimientos ecologistas que rechazan su política extractivista; grupos a los que se señala de “extremistas”, un eufemismo que se traduce internamente en acusaciones políticas más serias como las de “conspiradores”, “desestabilizadores” e incluso “golpistas”, “pro-imperialistas” o “asalariados de la CIA”.

«Rechazamos —señala la Declaración deGuayaquil, fechada el 30 de julio pasado— la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales».

Venezuela y Bolivia han confrontado las iniciativas antiextractivistas de estos grupos con políticas que van desde la represión policial-militar, pasando por acusaciones político-ideológicas que los señalan de estar vinculados a intereses extranjeros y conspiradores, hasta una absoluta indiferencia ante sus protestas, reclamos y llamados a la toma de conciencia. Muchas veces, sin embargo, la resistencia de estos grupos “extremistas” han logrado parar, al menos momentáneamente, las acciones de expoliación y explotación de los territorios indígenas en cuestión.

Hago referencia a estos dos países porque la confrontación entre sus gobiernos y estos grupos ha ganado cada vez más espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales y contradice, al menos hasta ahora, el discurso que alientan sus líderes; pero estoy seguro que algo similar podría señalarse de Ecuador. Además porque, siendo honestos, es difícil imaginar —por ejemplo— la economía venezolana sin las ganancias que arroja la explotación de los hidrocarburos y la industria petrolera toda, pilar que sustenta casi exclusivamente la amplia política social que se ha desarrollado en los últimos 14 años. Lo mismo cabría decir de la industria gasífera y la minería bolivianas o ecuatorianas.

Lo que no señala la Declaración de Guayaquil es que muchos de estos grupos “extremistas” están conformados por las personas directamente afectadas por la política de extracción, que son en su mayoría indígenas y que reclaman lo que jurídica y políticamente se les ha prometido y negado a lo largo de 500 años: el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios, el derecho a la tierra y a decidir, o por lo menos a debatir y consensuar las políticas de explotación de las mismas.

La contradicción salta a la vista en el caso boliviano, que se ha declarado un estado “plurinacional”, en reconocimiento precisamente a los distintos grupos humanos que conviven en su territorio. Lo mismo pasa en Venezuela, en cuya nueva Constitución se establece el derecho de los pueblos indígenas a recuperar su territorio, su cultura e incluso su autonomía jurídica.

En este mismo sentido, debe quedar claro que, por lo menos en el caso de Venezuela, estos grupos se han concentrado en el rechazo a la explotación de carbón en la Sierra de Perijá, en virtud no solo del daño ecológico, sino humano, que ésta implica. Además, se ha demostrado en distintos estudios la poca o nula ganancia del estado venezolano respecto a este tipo de explotaciones. El estado venezolano lo sabe y así lo reconocía el presidente Hugo Chávez en un discurso a la nación, el 1 de mayo de 2007:

«[…] yo —afirmaba el líder de la revolución bolivariana— cuando me puse a estudiar y fui allá a verlo con mis propios ojos, el tema del carbón de la Guajira, yo mandé a parar eso, ¿por qué? Porque para sacar ese carbón hay que tumbar no sé cuantas hectáreas… miles… de bosques ¡¡¡no, no, no, no!!!. Entre el bosque y el carbón, me quedo con el bosque, con el río, el ambiente … ¡¡¡que se quede ese carbón allá abajo! Ahora, si algún día se desarrolla una tecnología, ¿no?, para sacar ese carbón sin romper el bosque… Ah bueno, ya será una reserva para el futuro, es posible,¿ah? …Contamina el agua, contamina el aire, ¿no? Hay un polvillo allí de ese carbón que lo va… Además, lo van dejando por la carretera los camiones, y se le mete en los pulmones a los niños; a todos, pero sobre todo a los niños. Allá en el Zulia hay un alto grado de enfermedades pulmonares en todos esos pueblos que son cruzados por gandolas y gandolas de carbón».

Un caso similar lo constituye el de la lucha del pueblo indígena boliviano por la protección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNI), sobre el que se cierne la constante amenaza de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que no sólo atravesaría el territorio indígena, sino que se convertiría en punta de lanza para el desarrollo “capitalista/extractivista” de la zona, una reserva natural “intangible” a la que múltiples empresas trasnacionales le quieren poner la mano.

Insistimos, la contradicción va más allá de la confrontación entre los representantes gubernamentales y grupos ambientalistas extremos. La contradicción está en el seno de un movimiento latinoamericanista que se dice y se presenta como distinto al sistema capitalista mundial, pero funciona según las determinantes del mercado internacional y a satisfacción de las grandes empresas trasnacionales con las que ha adquirido compromisos político-económicos. La explotación de los recursos naturales no sólo acorta la vida de y en el planeta, sino que sustenta un modelo de acumulación y consumismo (de los menos); explotación, y exclusión (de los más) al que es imposible hacer frente bajo su propia lógica, o con las armas melladas de las que ya habló el Ché en su oportunidad.

Más allá del debate ecológico, el problema tiene una arista política insalvable. No solo se trata de una contradicción en cuanto al modelo de desarrollo; más allá, la declaración de Guayaquil contradice la premisa de que los proyectos políticos de estos países se sustentan en la participación y el protagonismo político de sus pueblos. La Declaración del ALBA de Guayaquil afirma que la explotación de los recursos naturales se torna imposible bajo “la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza”, arguyendo que «[e]n la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica».

¿De qué tipo de participación y protagonismo estamos hablando entonces? Parece ser que la participación y el protagonismo es bien visto cuando se trata de brindar apoyo al estado/gobierno, de salir a las calles a enfrentar al “enemigo interno”, o de decidir sobre la construcción de uno u otro sistema de drenajes en determinada comunidad; pero cuando se trata de decidir sobre temas de alta política, de alta economía, la decisión debe dejarse, a conveniencia del Estado, en manos de especialistas y técnicos. La decisión parece descansar sólo en las estrategias de desarrollo planteadas por la dirigencia político-gubernamental y sus compromisos con sus “aliados” internacionales, aunque se trate de las trasnacionales de siempre, de los mismos centros de poder de toda la vida.

El tema constituye, a nuestro entender, un punto de inflexión, y de irreflexión también; el nudo gordiano entre capitalismo y socialismo que no ha podido ser desatado o cortado todavía, donde ambos se presentan irreconciliables e inseparables al mismo tiempo. Santiago Alba Rico apunta en su introducción al texto de Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, Comprender Venezuela, pensar la democracia. que nuestras democracias liberales —y los gobiernos latinoamericanos están lejos de dejar de ser representantes de las democracias liberales burguesas del capitalismo— entran en crisis precisamente cuando se trata de tomar decisiones jurídico políticas que afecten, alteren o transformen el modelo económico. Y, sabemos, todo cambio sustantivo debe pasar por la transformación profunda de la economía.

Ahí parecen estar atrapados los procesos políticos latinoamericanos, incluidos los que conforman la Alternativa Bolivariana. De inclinación populista —en el sentido positivo del término ampliamente desarrollado por Ernesto Laclau en La razón populista— los países ALBA, y más allá, los países latinoamericanos con gobiernos de izquierdas, no cuentan con —ni han desarrollado— una alternativa económica sustentable, acorde con el medio ambiente y el respeto a la pluralidad de comunidades que los constituyen, que permita dar continuidad a sus políticas. Por el contrario, nuestros países siguen siendo los mismos suministradores periféricos de materia prima del “mundo desarrollado”, que es lo mismo que decir de los centros de poder mundial, que es lo mismo que decir las grandes empresas trasnacionales que controlan el mercado mundial.

Más allá de la continuidad de la lucha de las organizaciones populares por afianzar y defender sus derechos frente a cualquier poder constituido; más allá de la necesidad de seguir enarbolando la bandera de la dignidad, la autodeterminación, la participación y el protagonismo popular no sólo en asuntos comunitarios sino en la totalidad política de sus naciones; debemos avocarnos, como colectivo, a salvar esta contradicción: o nos empeñamos en construir un modelo distinto de desarrollo, político, cultural, y sobre todo económico; o lo poco o mucho que hemos avanzado hasta ahora se irá al garete y quedará como un nuevo y estruendoso fracaso de la izquierda. Los gobiernos deben entender que una verdadera alternativa democrática y socialista se construirá colectivamente o no se construirá. Solo desde el debate abierto con los sectores populares, con las comunidades directamente involucradas en los procesos de desarrollo, con la base política que da vida y sustenta gobiernos por lo demás transitorios, es posible dar continuidad al proyecto nuestro-americano. Y solo en la medida en que esa alternativa se haga viable, se concrete en medidas y acciones y pase de las leyes a la calle; solo en la medida en que el modelo de desarrollo no se fundamente en las mismas prácticas de subordinación del capital, sino en las acciones libertarias y liberadoras de los pueblos; sólo en esa medida, podremos construir una verdadera alternativa política-económica del capitalismo global.

Alba, Celac, Unasur y todos los mecanismos de integración que se han puesto en marcha en la región no serán suficientes si no existe en primer lugar una integración entre quienes ostentan hoy por hoy un lugar en el manejo y control de las políticas públicas y las organizaciones y representantes de los sectores populares, del pueblo todo organizado. Chávez señaló un camino: “Hay que gobernar obedeciendo al pueblo”, afirmar que esa obediencia, esa imperiosa necesidad de escuchar a las comunidades involucradas en los procesos de desarrollo o más bien afectadas por dichos procesos, equivale a la imposibilidad de adelantar políticas públicas de desarrollo, coloca los procesos latinoamericanos del lado del capital trasnacional y en contra de nuestros pueblos y de sus luchas.

#liberenARodneyÁlvaez

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