Criminalización de la Protesta Laboral

Categoría: ¡Ahí están, esos son! |
12588_321873984591772_169736183_nPor Rodolfo Salazar
Los últimos acontecimientos vividos por los trabajadores de Guayana en el aspecto judicial, deben ser motivo de preocupación y reflexión para todos los que de una  otra forma hacemos vida sindical activa en este Estado,  independientemente de la ideología política que profesemos.
Si bien es cierto que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores  y  las trabajadoras, garantiza  la libertad sindical y el derecho a la huelga, no es menos cierto que poco a poco se ha venido tejiendo un entramado jurídico con el fin de quebrar, criminalizar  y castigar con prisión las luchas de los trabajadores por sus reivindicaciones sociales y laborales.
Vemos con mucha preocupación cómo  los patronos utilizan  la Ley Orgánica  de Seguridad y Defensa de la Nación, y la Ley de Amparos para  solicitar procedimientos ante los tribunales, que les permitan sofocar de manera inmediata cualquier acción emprendida por los trabajadores; pero lo más preocupante y peligroso  es en primer lugar  que la inspectoría del trabajo, que en el papel es quien debe garantizar  la armonía en las relaciones obreros patronales, se haga de la vista gorda y permita con su silencio cómplice,   que de manera impune los patronos irrespeten los contratos colectivos y se burlen del ordenamiento jurídico venezolano. En segundo lugar, y este quizás es el aspecto más peligroso, es que los jueces están dictando amparo en contra de los trabajadores, poniendo en peligro su libertad y sus puesto de trabajo sin imaginar quizás el daño que le hacen al más débil jurídicamente, y que constitucionalmente debe gozar de la protección del Estado venezolano.
Los trabajadores de Guayana debemos repudiar con contundencia esta nueva forma casi medieval y maquiavélica de terrorismo judicial,  mejor conocida como el AMPARO GUAYANÉS, porque atenta contra los más elementales principios del derecho, y crea un manto de impunidad, que permite a los patronos salir de cualquier dirigente a quien ellos consideren problemático o conflictivo, y al mismo tiempo cierra la posibilidad que los trabajadores investiguen cualquier hecho ilícito que ocurra en una determinada empresa.
Es insólito que lo que no hicieron los más nefastos  de los gobiernos de la cuarta República en contra de las luchas de los trabajadores, lo estén haciendo hoy en nuestro gobierno revolucionario chavista y socialista, de paso encabezado por un presidente obrero, que se formó en las luchas sindicales y que conoce mejor que nadie  todas las triquiñuelas y  marramucias jurídicas a las cuales recurren los patronos con el fin de amedrentar y chantajear a los trabajadores, para que no ejerzan su derecho a la lucha  y la protesta.
Situaciones como la que están viviendo los trabajadores de CVG Bauxilun, perseguidos y amenazados por  el presidente de la empresa por el simple hecho de solicitar que se active un referéndum  revocatorio a la junta directiva del sindicato actual, deben ser motivo de mucha preocupación para la masa laboral de Guayana, porque se está incrementando de manera muy peligrosa este tipo de acciones con el beneplácito de la inspectoría del trabajo, que de manera complaciente permite que se reabra un expediente a los compañeros el cual debería estar cerrado por haber transcurrido más de un año sin ser activado ( lo que se denomina en derecho perención por periodicidad).
Todo este tipo de aberraciones y adefesios jurídicos tienen un solo objetivo: silenciar a los trabajadores en sus luchas, pero sobre todo sacar del camino a los líderes emergentes que tienen una visión distinta de las luchas sindicales y de lo que debe  ser la revolución. Evidentemente que esta  manera de pensar distinto  pone  en peligro la supervivencia de las mafias corruptas enquistadas en las empresas y las instituciones del Estado, y de allí la implacable ofensiva administrativa y jurídica para detenerlos y que no  sean escuchados en el alto Gobierno.
Mención aparte  merece el amparo  dictado en contra de los trabajadores de PDVSA gas comunal Unare, en el cual el ciudadano juez dicta una sentencia con efectos a terceros, es decir que este amparo  a favor de la empresa afecta a los trabajadores y cualquier ciudadano que en un momento determinado se le ocurra hacer un reclamo frente a las instalaciones de la empresa por el “excelente servicio que le están prestando al pueblo”. Quien lo haga -sea trabajador o no de la empresa- incurre en desacato y puede  ser privado de su libertad (¡OJO, PODER POPULAR!). Sólo las leyes de la Nación surten efecto en todos los ciudadanos. Lo demás es abuso de poder y autoridad.
rodolfo2219@hotmail.com
 
Integrante del Frente Laboral Comunitario Lucha de Clases (FLC).
Integrante del Movimiento Despertar Sidorista SIDOR.
Delegado de Prevención de Patio de Planchones Laminación en Caliente SIDOR
 

 

#liberenARodneyÁlvaez

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