El texto que sigue fue preparado para el anuario El Mundo Indígena 2012ⁱ que publica el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

El informe no pretende ser exhaustivo, sino presentar un panorama de los hechos y eventos más resaltantes en materia indígena ocurridos durante el 2011.

Venezuela es un país multicultural, que reconoce la existencia de mas de 40 pueblos indígenas. De los 27 millones de habitantes, el 2,8% se identifica como indígena. La Constitución de 1999 reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, incluye un capítulo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT y en 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolló este marco de derechos.

La falta de avances en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la materialización de los derechos territoriales, ha venido generando un clima de descontento entre los pueblos indígenas y sus organizaciones. Por su parte, el Gobierno Nacional ha desarrollado una política de corte asistencial y paternalista, representada por la gestión del Ministerio para los Pueblos Indígenas. Creado como órgano rector de la política pública en el ámbito indígena, se ha convertido en un aparato vertical y jerárquico que impone una organización artificial y ajena.

La política que se viene impulsando obvia la propia visión y capacidad de las comunidades para la solución de sus problemas, combatiendo a las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales, imponiendo decisiones inconsultas, mermando liderazgos locales y causando divisiones y conflictos. Como consecuencia, el movimiento indígena nacional se encuentra nuevamente movilizado y en proceso de unificación en torno a una agenda común, donde la demarcación de los territorios indígenas con la participación efectiva de las comunidades ocupa el lugar central.

Durante el 2011 resaltaron: movilizaciones y manifestaciones exigiendo principalmente la demarcación de tierras; la instalación de la Comisión Nacional de Demarcación, sin la participación de las organizaciones indígenas; la entrega de títulos de propiedad de tierras que preservan derechos de terceros; conflictos vinculados a la minería en los estados Bolívar y Amazonas; y muertes de niños warao por desnutrición.

 

Excarcelación de los líderes yukpa

El 4 de enero de 2011, la audiencia del juicio en el Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo daba continuidad al proceso penal a Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero por los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2009 en la cuenca del río Yaza (Sierra de Perijá, estado Zulia), donde se enfrentaron dos grupos de indígenas yukpa de las comunidades de Chaktapa y Guamo Pamocha, resultando dos muertos y cinco heridos.

Representantes de la Sociedad Homo et Natura denunciaron que el juicio fue un montaje del gobierno, secundado por los ganaderos locales, para condenar y doblegar a los líderes yukpa empeñados en la defensa de su territorio ancestral. Asimismo, los abogados defensores plantearon que el caso debía ser resuelto por la justicia yukpa, como lo establece el artículo 260 de la Constitución, sobre el derecho de los pueblos indígenas a administrar sus propios sistemas de justicia.ⁱⁱ

Los yukpa, recluidos desde julio del 2010 en el Internado Judicial de Trujillo, fueron objeto de adoctrinamiento religioso compulsivo, agresiones físicas y psicológicas, y amenazas de muerte. El 22 de febrero los abogados defensores solicitaron el traslado de los acusados a la ciudad de Maracaibo, por ser más accesible a los familiares. La petición se sustentaba en el derecho que establece que en los procesos penales en los que se encuentren involucrados indígenas, se procurarán penas distintas al encarcelamiento, y la disposición de “espacios especiales” de reclusión.ⁱⁱⁱ La solicitud fue negada por el juez.Días después, los abogados solicitaron la sustitución de la medida de privación preventiva de libertad “por otras menos gravosas”:la excarcelación para seguir su juicio en libertad.

El 15 de marzo, respondiendo a instrucciones del Gobierno Nacional para preservar la vida de Sabino, fue emitida una medida cautelar bajo fianza, autorizando la salida de prisión de los tres indígenas para continuar el juicio en libertad.

 

Administración de justicia yukpa

El 12 de abril, Sabino Romero y Alexander Fernández se declararon en desobediencia contra la justicia ordinaria, en los siguientes términos:

“Expresamos públicamente nuestra decisión de no volver a la Cárcel Nacional de Trujillo y al simulado juicio que se ejecuta contra nosotros por considerar que de esta manera estamos aceptando la violación de nuestros propios derechos y la de todos los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo. Nosotros somos indígenas y como tales debemos ser juzgados por nuestras propias leyes, como siempre lo hemos hecho sin pedirle permiso a nadie. Sería una falta de respeto con el pueblo Yukpa y con todos los pueblos indígenas del mundo, si yo permito que este juicio me encierre y con esto se silencie la lucha por el territorio Yukpa”.^iv

El día 9 de mayo tuvo lugar la presentación de las conclusiones ante el juez, quien declaró inculpables a los acusados por no poder determinarse fehacientemente sus responsabilidades penales individuales en los hechos investigados y, en consecuencia, dictó una sentencia absolutoria.^v

Entre el 12 y el 13 de junio se efectuó el juicio indígena yukpa a Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, en la comunidad el Tukuko, conducido por la Cacique Mayor del Sector Reina Ubirichi y su auxiliar el anciano Adolfo Maiquichi. Estuvieron presentes los acusados y las víctimas, sus familiares, siete caciques, los abogados de Sabino y Alexander, y varios militantes de movimientos sociales como observadores.

Todos los involucrados y familiares hicieron uso de la palabra para aclarar cómo ocurrieron los hechos del 13 de octubre del 2009. Finalmente se determinaron los responsables de los asesinatos y los heridos, y se acordaron las indemnizaciones a los familiares. En 18 horas los yukpa determinaron la verdad e hicieron justicia, mientras que el Estado venezolano no pudo resolver el caso en más de 18 meses.^vi

 

Lucha del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio ancestral

El 23 de febrero, un grupo de indígenas yukpa de la comunidad de Toromo de la Sierra de Perijá, bloquearon la carretera Machiques-Colón, como medida de protesta contra la base de seguridad militar de Toromo y la situación de violencia generada desde su instalación. Jorge Romero, cacique del centro piloto Toromo manifestó: “Queremos la eliminación de la base militar. Tenemos exigencias para que el daño causado a nuestro pueblo sea reparado”.^vii

El 8 de agosto varias familias yukpa del sector Toromo ocupó las instalaciones del fundo El Rincón, municipio Machiques del estado Zulia. Esta -y otras 14 haciendas- está ubicada en tierras que los yukpa reclaman como territorio ancestral. La ocupación fue una medida de presión al Gobierno Nacional por el incumplimiento en la demarcación de tierras y la carencia de servicios básicos.^viii La tensa situación se agudizó el 20 de agosto, cuando unos 200 ganaderos y campesinos desalojaron violentamente a los indígenas resultando ocho heridos por armas de fuego, casi todos niños y mujeres yukpa.^ix

Al día siguiente la zona fue militarizada para custodiar las haciendas. Jorge Luis Romero, cacique mayor de Toromo, informó que los hechos violentos ocurridos “obedecen a la falta de definición en los trabajos de demarcación”.^x

 

Reestructuración de la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras Indígenas

El 25 de febrero apareció el decreto 7.855 que reestructura la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas –CND– (creada por decreto 1.392 el 3 de agosto de 2001), con el objeto de actualizar la designación de sus integrantes y dar continuidad al proceso de demarcación.

No obstante la aparente buena voluntad del Ejecutivo, el 15 de marzo las organizaciones indígenas del estado Amazonas emitieron un pronunciamiento donde expresaron preocupación por la falta de consulta previa y participación en la aprobación del nuevo decreto. Señalaron que “limita la participación directa” omitiendo la representación indígena en la Secretaría Ejecutiva de la CND y cambiando la figura de “representantes indígenas” con plenos derechos a simples “voceros”. Asimismo, lamentaron que la Ministra de Pueblos Indígenas “no haya logrado construir los consensos necesarios y la participación para materializar la implementación de los derechos indígenas y se haya dedicado a promover la división, el enfrentamiento y la deslegitimación de los pueblos indígenas y sus organizaciones.”^xi

 

Reunión con el Vicepresidente de la República

Luego de la huelga de hambre del hermano jesuita José María Korta y la entrega -en noviembre de 2010- de la “hoja de ruta” como propuesta para viabilizar la implementación de los derechos indígenas, no hubo por parte del Gobierno ninguna respuesta; hasta que el 10 de marzo el Vicepresidente accedió a reunirse con un grupo de intelectuales y activistas encabezados por Korta.

El encuentro se centró en un diagnóstico crítico de la política indigenista venezolana, que a juicio de los interlocutores debería ser modificada. Jaua reconoció que las respuestas del gobierno a las demandas de las comunidades indígenas han sido asistencialistas, y que la puesta en marcha de procesos de demarcación ha estado en un segundo plano. Esto último, explicó, debido a la presencia activa de un sector militar con influencia sobre los entes rectores en el ámbito indígena, que mantiene posiciones conservadoras, y que basan su postura sobre la tesis del peligro que la autodemarcación de los territorios indígenas supone para la soberanía nacional, por la amenaza del secesionismo.

El 18 de marzo, el grupo que participó en la reunión le hizo entrega a Jaua del documento “Por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”; en el que plantean que “la política indígena del gobierno camina en sentido contrario a la Constitución Bolivariana y conduce a posibles etnocidios a la vuelta de pocos años”. Asimismo ofrecen propuestas alternativas hacia una nueva y distinta institucionalidad.

Ante la falta de respuesta de Elías Jaua, el 2 de junio se realizó una rueda de prensa para hacer público el documento. Esteban Emilio Mosonyi dijo que “se está perdiendo una excelente oportunidad para discutir y aun para rectificar muchas cosas, ante una situación que es más delicada de lo que aparenta ser a primera vista. Está en juego el futuro de Perijá, mas también el porvenir de todos los pueblos y comunidades indígenas que por fortuna siguen existiendo en el país”.^xii

 

Cuestionamientos a la Ministra de los Pueblos Indígenas

El 29 de marzo la Federación de Indígenas del Estado Bolívar (FIEB), la organización Kuyujani y el Diputado Indígena a la Asamblea Nacional José Luis González, rechazaron las acciones paralelas del Ministerio de Pueblos Indígenas para la elección de los representantes indígenas a la CND que estarían “dividiendo a los pueblos indígenas”. Álvaro Fernández explicó que “las organizaciones ya tienen un trabajo adelantado, ya tenemos mapas mentales, ya tenemos nuestra historia de cada territorio, lo que queremos es ir por donde la ley nos manda y que las propias comunidades tomen sus decisiones en consulta, en asamblea, según los usos y costumbres”. Alberto Rodríguez sostuvo que “nuestros derechos deben ser ejercidos por nosotros mismos, no por las instituciones, las cuales están para apoyar”.^xiii

El 1 de abril un grupo de representantes indígenas informaron sobre los resultados de una reunión sostenida el día anterior con la Ministra Nicia Maldonado. Por primera vez desde la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas en el año 2007, se entabló un diálogo entre la ministra y su equipo, y las organizaciones y autoridades tradicionales indígenas. El principal planteamiento fue exigir la participación protagónica de las organizaciones y comunidades en la toma de decisiones del proceso de demarcación. Cuestionaron a la ministra la imposición de decisiones inconsultas y la elección de los voceros de la CND desde el Ministerio.

El 3 de mayo apareció el Decreto 8.188 de Reforma Parcial del Decreto 7.855, con el cual se incorporó al Vicepresidente Ejecutivo de la República como supervisor y rector del Proceso Nacional de Demarcación y como Presidente de la CND. Ante este nuevo decreto las organizaciones indígenas de Amazonas hicieron un segundo pronunciamiento, donde manifestaron preocupación porque de nuevo se hizo una reforma sin consultar a los pueblos indígenas y sus organizaciones.^xiv

El 13 de mayo la FIEB acordó en pleno “elevar un veto de censura contra la Ministra Nicia Maldonado”. La decisión resultó del análisis de “las actuaciones de la Ministra, caracterizadas por una reiterada actitud divisionista, de desconocimiento de las autoridades tradicionales legítimas para sustituirlas por personas afectas a ella, irrespetando los usos y costumbres, mediante la conformación de un grupo paralelo a las organizaciones de los pueblos indígenas denominado Frente Indígena Antiimperialista Guaicaipuro, el cual ha creado hoy día fuertes divisiones y confusiones dentro de nuestras comunidades”. ^xv

El 26 de septiembre las organizaciones indígenas de Amazonas exigieron “dejar sin efecto la designación de los voceros nacionales y regionales nombrados por el Frente Indígena Guaicaipuro y se respeten y reconozcan las organizaciones de base indígenas para llevar a cabo el proceso de demarcación”.^xvi

 

Anuncios de entrega de tierras a comunidades indígenas

El 12 de octubre -“Día de la Resistencia Indígena”- Elías Jaua anunció la ocupación de 25 predios -totalizando 15.808 ha.- en la sierra de Perijá, como inicio del rescate de tierras para devolverlas a las comunidades yukpa, barí y japreria.^xvii El Vicepresidente aclaró a los indígenas que “no se dejen confundir, sabemos que hay sectores que pretenden generar conflicto e inducir a los indígenas a aspiraciones que no son posibles. Se delimitarán los territorios que realmente necesitan”. Asimismo manifestó que la finalidad es lograr la convivencia pacífica entre los “criollos” y las etnias “para que quepamos todos los que queremos vivir en paz”. A los ganaderos explicó que el Gobierno no pretende generar conflictos con ellos, y les garantizó un avalúo para indemnizarlos y su reubicación para que continúen sus actividades productivas.^xviii

El cacique mayor del centro piloto Neremu Jesús Terán, planteó que “queremos celeridad en el proceso de demarcación, en diálogo con el Gobierno, pacíficamente, queremos que se les pague la tierra a los hacendados y nos la devuelvan”.^xix

En el acto del 12 de octubre se informó sobre el cronograma de delimitación de tierras indígenas aprobado por el Presidente de la República, según el cual el 15 de diciembre se entregarán tierras yukpa y barí en Zulia; en Anzoátegui al pueblo kariña; y en Monagas a seis comunidades warao. En abril de 2012 a 40 comunidades de Monagas; 22 comunidades kariña de Anzoátegui; 32 sectores en Sucre; y 11 comunidades en Apure. En agosto de 2012, se delimitarán tierras en Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar.^xx

El 21 de noviembre se instaló la nueva CND, conformada por un Presidente (Vicepresidente de la República), un Secretario Ejecutivo (Ministerio de Pueblos Indígenas), un Secretario Técnico (Ministerio del Ambiente), la Representación Institucional de Alto Nivel (Ministerios de Pueblos Indígenas, Ambiente, Educación, Defensa, Cultura, Agricultura y Tierras, Comunas y Protección Social, Industrias Básicas y Minería) y 20 Representantes Indígenas como voceros, principales y suplentes, de los estados con población indígena (Anzoátegui, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Apure, Amazonas, Trujillo, Bolívar y Zulia). Los representantes indígenas fueron elegidos por el Ministerio de Pueblos Indígenas, y en el acto de instalación no hubo presencia de las organizaciones indígenas.

 

Entrega de títulos de propiedad de tierras indígenas

El 15 de diciembre el Presidente Chávez entregó tres títulos de propiedad colectiva de tierras de los pueblos barí, yukpa y kariña. Rufino Arabaikú, cacique de la comunidad Karañakaek, recibió el título del pueblo barí por un total de 231.570,10 ha.; y Ciro Landino de la comunidad Toromo, recibió el título por 143.610,50 ha. que abarca los sectores Tokuko, Neremu-Kasmera y Toromo. Ambos lotes de tierras ubicados en la Sierra de Perijá, estado Zulia. A su vez, Ani Sequera en representación de la comunidad kariña de Macapaima recibió el título por 3.129 ha. al sur del estado Anzoátegui.^xxi Los tres títulos suman 378.309,60 ha. entregadas.

“Este un acto de justicia, yo diría que un poco tardía, la justicia tarda pero llega…” expresó Chávez al mostrar los documentos.^xxii Además informó que en esta zona se recuperaron 50 fincas, que suman 25 mil hectáreas,^xxiii y anunció la asignación de 212 millones de bolívares destinados al pago de bienhechurías, 6.370 cabezas de ganado lechero y otras propiedades de los hatos y terrenos que se entregan a las comunidades indígenas como propiedad social directa.

Este acto estaría saldando la deuda histórica con los pueblos yukpa y barí. Sin embargo, tras un análisis del documento de tierras yukpa, la Sociedad Homo et Natura denunció que “detrás de estos títulos están la defensa de los interés de los no indígenas, de los llamados “derechos de terceros” (ganaderos y parceleros entre otros) y de las empresas mineras”^xxiv, por encima de los derechos originarios de los indígenas, ya que en el documento explícitamente se reconocen “los derechos legítimamente adquiridos por terceros antes del inicio del Procedimiento de Demarcación y (…) la explotación y aprovechamiento de los minerales y recursos del subsuelo propiedad del Estado”.^xxv

Según Lusbi Portillo, el documento se preparó a espaldas del pueblo yukpa, quienes desconocían la superficie y los linderos de las tierras entregadas, no se les entregó un mapa físico, ni tampoco el documento.^xxvi

Vladimir Aguilar^xxvii señala que “los supuestos títulos de propiedad colectiva otorgados por el Ejecutivo Nacional constituyen una nueva afrenta a los pueblos y comunidades indígenas del país. Se trata de títulos donde no hay propiedad colectiva pues se comparten derechos con terceros que, en el “mejor” de los casos constituyen derechos indígenas amenazados. Por lo tanto, el Estado venezolano sigue en mora con los pueblos y comunidades indígenas del país”.^xxviii

 

Conflictos por minería ilegal

El 23 de agosto el Presidente Chávez aprobó por decreto 8.413 la Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro. La medida se tomó “con el propósito de revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de los mineros y pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras.” Denunció que «decenas de miles de personas practican la minería ilegal, y millones de toneladas de oro (sic) salen de Venezuela de forma ilegal» e hizo un llamado a luchar contra la minería ilegal.^xxix

En años anteriores el Gobierno Nacional implementó –sin éxito- diversos planes para controlar la minería ilegal en el sur del país, además de sucesivos y violentos operativos militares. Con la “nacionalización del oro” (decreto 8.413), se establece la eliminación y penalización de la minería a pequeña escala. A partir del anuncio presidencial las Fuerzas Armadas iniciaron el nuevo desalojo de mineros en la cuenca del río Paragua, territorio indígena habitado por comunidades pemón y shirian, además de campamentos y comunidades mineras.

En el sector Amanaimü en el Alto Paragua fue desalojada una mina explotada por indígenas pemón, y en el lugar se instaló un puesto militar cuyos efectivos tomaron el control de la explotación en beneficio propio. Dos meses después, 500 indígenas de 13 comunidades desarmaron y detuvieron por varios días a 19 efectivos militares. Los sucesos causaron conmoción nacional y revelaron nuevamente lo evidente: las Fuerzas Armadas encargadas de controlar la minería ilegal son los principales interesados en que persista. Jorge Pérez, capitán general del sector 5 de la Gran Sabana denunció que los militares «usan el uniforme y el armamento para atropellar a los indígenas y exigir el pago de «vacuna», alrededor de 30 gramos de oro semanales.” ^xxx

En el mes de noviembre la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (Kuyunü) denunció ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas, la presencia de varias dragas en el Caño Asita del Alto Ventuari, estado Amazonas. En diciembre se implementó un operativo militar, con actuación de la Fiscalía, que resultó en el desalojo de los mineros. En el sitio quedó instalado un puesto militar de resguardo, pero algunos mineros continúan en la zona, amenazando a las comunidades y a los miembros de Kuyunü que defienden su territorio.

 

Niños warao mueren en Cambalache

A inicios del mes de abril, seis niños warao de la comunidad Cambalache, ubicada junto al vertedero de basura de Ciudad Guayana, estado Bolívar, murieron por diarrea aguda, neumonía, meningitis, asociadas a cuadros graves de desnutrición. En julio y septiembre ocurrieron otros dos fallecimientos totalizando ocho muertes infantiles en el 2011, la mayoría entre 0 y 2 años de edad.

En Cambalache viven 86 familias warao dedicadas a la recolección de basura en el relleno sanitario, sin acceso al agua potable y a una alimentación adecuada. Antonio Valenzuela tiene “11 años viviendo aquí y junto a los niños trabajamos recogiendo basura. Nosotros necesitamos trabajo, cuando los niños se enferman que los llevamos al médico ellos mandan unos remedios que no podemos comprar porque no hay dinero, por eso mueren los hijos”.^xxxi Pedro La Rosa, Capitán del sector, manifestó la falta de asistencia médica. “Estamos molestos porque el doctor (Manuel Maurera, Jefe del Distrito Sanitario Nº 2) dijo que era culpa de la comunidad la muerte de esos niños, por como vivíamos, pero eso no es así, ellos tienen que prestarnos la colaboración, somos humanos como los demás, no animales como pareciera que nos tratan, tenemos derechos, y sólo pedimos que nos atiendan como tiene que ser, porque nuestros niños se están muriendo, porque estamos mal”. ^xxxii