Bolivia: La algarabía de los comediantes

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Por: Raúl Prada Alcoreza

Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto de los legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS, se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores, tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, en este proyecto es tan urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS. Ya perdieron la credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no dedicar mas bien su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un capricho político al que te lleva ciegamente a la confrontación? ¿O son factores que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a la economía política del chantaje?

Ya les dijo un asesor del CIDOB, ¿si están tan interesados en hacer una consulta extemporánea, por que no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque? Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora, atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar tanto por un sector de la sociedad?

Lo otros factores que salieron a flote tienen que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia gravitante del diagrama de poder de la corrupción.

En la historia fatídica de las relaciones entre empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero, adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor  del tema de la carretera que atraviesa el TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el 2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la intempestiva llegada del expresidente de Lula a Santa Cruz para una reunión financiada por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es fundamental en el análisis de coyuntura.

Ciertamente todo proceso conlleva en sus entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración de redes y estructuras ligadas a la economía política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales (2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de los movimientos sociales. Empero este discurso no sustituye a la potencia social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlas cumplido, menos cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las relaciones y estructuras paralelas.

Es en este contexto que debemos descifrar esa forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo, consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS, pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es también en este escenario que debemos entender la algarabía de los legisladores.

#liberenARodneyÁlvaez

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