Brasil: indígenas y campesinos protestan contra hidroeléctrica de Belo Monte

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Agencia de noticias EFE.

La obra de Belo Monte provocará la inundación de 515 kilómetros de la Amazonia.

Un grupo de indígenas y campesinos ocupó el jueves pasado el sitio de las obras de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto gigantesco impulsado por el Gobierno brasileño en la selva amazónica, arguyendo que no se les consultó con carácter previo.

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la Iglesia Católica, informó que la ocupación movilizó a 600 personas entre indígenas de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas, donde se va a levantar la represa. Los manifestantes cortaron la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (Pará), y acamparon en el sitio de las obras, con pretensión de quedarse de forma “permanente”, informó el Cimi.

Pedido de diálogo. La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar “el fin de las obras” de la constructora brasileña.

Belo Monte se comenzó a construir el pasado marzo en Altamira a un coste de 10.600 millones de dólares y, según el proyecto, inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 vecinos. La central será la tercera mayor del mundo por detrás de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay), con una potencia máxima de 11.233 megavatios.

La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica. El Gobierno rechazó enviar un representante a la audiencia de la CIDH, donde las oenegés y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Rousseff, al que acusan de mantener una “actitud vergonzosa” contra ellos.

Orden judicial. La justicia brasileña determinó, el pasado jueves, que los indígenas y campesinos que ocupan el sitio de las obras debe retirarse del lugar. La juez Cristina Collyer Damasio, del Cuarto Juzgado Civil de Altamira, en el amazónico estado de Pará, falló a favor del consorcio Norte Energía, por lo que prohibió a los manifestantes “actos de perturbación”. El pasado miércoles un tribunal federal suspendió por segunda vez un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indígenas de la zona.

50.000 indígenas de Altamira pueden ser desplazados de sus tierras si continuara la obra.

 

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Indígenas brasileños desocuparon Belo Monte 

Fuente: Infobae.

Unos 600 indígenas y ambientalistas que ocuparon las obras de la gigantesca represa de Belo Monte, en el corazón de la Amazonia brasileña, abandonaron la construcción tras un fallo judicial que ordenó la desocupación, dijo a la agencia AFP un vocero de los manifestantes.

«Salimos pacíficamente, tal como entramos. Fue un acto pacífico para atraer la atención sobre este proyecto de muerte para la Amazonia», declaró Eden Magalhaes,del Consejo Indígena Misionario (CIMI), un organismo ligado a la Iglesia católica.

Los manifestantes habían ocupado las polémicas obras en la madrugada del jueves y bloqueado un tramo de la carretera amazónica, en protesta por el impacto ecológico que provocará la construcción de la represa.

A pedido de la empresa Norte Energía, integrante del consorcio que construye la represa, la justicia del estado amazónico de Pará (norte) ordenó la expulsión de los manifestantes. «Un juez llegó con la tropa de choque. Tras una asamblea, decidimos partir, pero fortalecimos nuestra unión y nuestra resistencia a la represa», subrayó Magalhaes.

La ocupación de la represa por indígenas, pescadores del río Xingú y ambientalistas tenía por objetivo la paralización de las obras o al menos su suspensión, hasta que las comunidades afectadas por la represa sean consultadas, precisó. «Este proyecto está al servicio de los grandes capitales. Las poblaciones locales sufren sus consecuencias y la selva es sacrificada», subrayó Magalhaes.

Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa de Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay.

«Vamos a preparar otras acciones de resistencia», anunció Vera Glass, una vocera del Movimiento Xingú Vivo, que reúne a moradores e indígenas de la cuenca del río Xingú.

Las autoridades brasileñas consideran que la represa es esencial para el desarrollo energético del país y afirman que las obras respetarán rigurosamente las normas y tienen en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales.

Los opositores a la represa aseguran por el contrario que destruirá el ecosistema de la región y el modo de vida de las poblaciones. «No vamos a salir de aquí. Somos guerreros y vamos a luchar. No vamos a pedir nada al gobierno, sino exigir lo que la Constitución nos garantiza. Nuestros antepasados lucharon para que estuviéramos aquí. Ya se firmaron varios documentos, hubo reuniones y nada cambió. Las máquinas siguen llegando», dijo Juma Xipaia, líder de una de las etnias afectadas por la obra, al diario O Globo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió en abril a Brasil que suspenda la construcción y que consulte a los pueblos indígenas afectados.

Pero en junio, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama, estatal) dio luz verde al inicio de los trabajos. A fines de setiembre, la justicia federal de Pará prohibió la ejecución de cualquier obra que interfiera con el curso del río Xingú, en un fallo que puede ser apelado.

Pero otras obras, como la construcción de viviendas y barracas para trabajadores, que no afectan el río, continuaron.

Un tribunal regional federal analiza actualmente un recurso de la fiscalía de Pará contra el decreto legislativo que autorizó la construcción de la represa. Los fiscales señalan que la medida fue aprobada a las prisas, sin realizar las consultas obligatorias a las comunidades indígenas afectadas. El gobierno brasileño desistió la semana pasada de participar en una mediación con comunidades indígenas convocada por la CIDH en Washington.

 

 

 

 

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